Atalaya Riotinto Minera, sin autorización ambiental

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El pasado 19 de septiembre la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia, estimando la demanda interpuesta por Ecologistas en Acción, de forma que se declara nula la Resolución de 27 de marzo de 2014, que otorgaba la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el proyecto de explotación del complejo minero de Riotinto, promovido entonces por Emed Tartessus, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera, según ha informado Ecologistas en Acción en una nota de prensa.

El motivo para anular dicha AAU es que se vulneraron las obligaciones de información y los derechos de participación ciudadana previstos en el artículo 19 del Decreto 356/2010, que obliga a un periodo de información pública después de emitir el informe de compatibilidad ambiental. Según consta en la sentencia, posteriormente a ese informe, “la empresa Emed Tartessus presentó numerosa documentación que se consideraba imprescindible para la tramitación del expediente: sobre suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000, adenda al Estudio de Impacto Ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejores técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso, que no han sido objeto de información pública”.

La sentencia recalca que “la participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante, de manera que si no se somete a información, ni a participación, se desatienden ambos principios”.

La sentencia sin embargo considera ajustado a derecho que, en junio de 2014, el Viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, “ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en materia de minería”.

La sentencia implica que, hoy por hoy, tras la anulación de la AAU, la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando. Además la anulación de la AAU va a conllevar de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está igualmente pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

Por su parte, Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, ha emitido un comunicado en el que lanza “un mensaje de tranquilidad a sus más de 360 empleados y 650 trabajadores de contratas que trabajan diariamente en sus instalaciones, sus socios, contratistas y ciudadanía en general, poniendo de manifiesto una vez más que Riotinto está en buenas manos. Desde una posición de responsabilidad Atalaya va a seguir procurando la excelencia en la gestión en materia minera, ambiental y de seguridad, y generando empleo y riqueza para la región a largo plazo”.

Atalaya Riotinto Minera indica en su nota de prensa que “la sentencia alude a cuestiones formales de carácter administrativo en determinadas partes del procedimiento de aprobación de la AAU, que desde la perspectiva de Atalaya no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía. Es más la sentencia descarta la nulidad de pleno derecho.

En concreto la sentencia aduce que no se habían expuesto públicamente una serie de documentos, de entre los cientos que conforman un trámite complejo y largo en el tiempo como es la Autorización Ambiental de un proyecto minero; en este caso los informes aludidos serían los de suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales y estudio específico de afecciones a la Red Natura 2.000.

A la vista de esto, Atalaya afirma que en ningún caso la sentencia pone en tela de juicio la gestión de las instalaciones mineras e industriales que está desarrollando Atalaya, en cumplimiento de la ley y las autorizaciones emitidas por las autoridades competentes en materia minera y ambiental incluyendo la AAU.
Y mucho menos la que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones de gestión de estériles: las presas de estériles de Riotinto se encuentran en perfecto estado y presentan un RIESGO CERO de fallo o accidente. Así lo atestiguan tanto los datos que posee Atalaya, como las múltiples revisiones y auditorías a las que se someten de manera continua por parte de consultoras especialistas independientes y Administraciones competentes.

Hay que señalar además que la propia sentencia especifica que en un recurso anterior que Ecologistas en Acción había interpuesto contra la resolución de la AAU se concluyó que no se apreciaba “una nulidad patente o manifiesta como lo demuestra el extenso procedimiento seguido y que no se acreditan daños o perjuicios de imposible o difícil reparación ya que la AUU por sí misma, no autoriza la actividad minera.”
Es por todo ello que la empresa se dispone a, una vez valorada en detalle la sentencia, poner en marcha las opciones legales que correspondan”, concluye la nota.

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