Los funcionarios de prisiones inician el viernes una huelga

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Después de los paros del 24 y el 26 de octubre, que consiguieron un seguimiento superior al 95% en la provincia de Huelva, se han convocado cuatro nuevas jornadas de huelga en el sector de prisiones durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Además, el lunes 19 se celebrará una manifestación en la capital desde el Ayuntamiento hasta la subdelegación del Gobierno convocada por la plataforma de sindicatos.

El calendario de movilizaciones se intensifica, de esta manera, después de la “nula respuesta de la Administración”. Los sindicatos convocantes son ACAIP, CSIF, CCOO, UGT y CIG. Los sindicatos convocantes denuncian “la necesidad de abordar una negociación real, tras la propuesta presentada por la Administración penitenciaria el pasado 25 de septiembre que suponía un incremento retributivo de 123 millones euros a los largo del periodo 2019-2021, y que fue retirada tan solo tres día después bajo el argumento de restricción presupuestaria”.

Los trabajadores de prisiones se encuentran “absolutamente indignados” porque entienden que “desde la Administración se ha faltado al respeto a los empleados públicos de las prisiones” y es por ello que se han convocado nuevas medidas de protesta.

En esta misma línea, los sindicatos creen que “el Gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y, así, adecuar el salario de los empleados públicos de prisiones a las cargas reales de trabajo”. Apuntan que, para ello, es fundamental que se reconozca que “sin personal suficiente la Administración Penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción recogidos en la propia legislación”.

Finalmente, los sindicatos convocantes han animado a la plantilla del centro penitenciario de Huelva a secundar las cuatro jornadas de paro para reivindicar “más plantilla, más dotaciones y recursos y un reconocimiento real de la Administración al trabajo de los funcionarios de prisiones que permita dignificar su trabajo”. Se trata de reivindicaciones “justas que permitan asegurar el buen funcionamiento de los centros, garantizar la seguridad de las plantillas y los reclusos, adecuar las ratios y mejorar los programas de reinserción.

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