Miércoles 30 de Noviembre de 2022

El pleno de Almonte de febrero da un importante impulso a la playa de Matalascañas

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Pleno febrero 2011El pleno del mes de febrero ha aprobado el Plan de Playas 2011, que regulará la explotación de servicios de temporada en playa de Matalascañas. Los concesionarios de áreas de sombra, tumbonas, kioscos, zonas náuticas y de vela, así como del resto de servicios que se dispensan, podrán tener sus autorizaciones para el verano.

En el documento también fija el canon que debe abonarse. La tramitación posterior a esta aprobación en pleno conlleva dirigirla al Servicio Provincial de Costas para que otorgue su conclusión favorable.

Además se han aceptado las condiciones plasmadas en la resolución de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar para la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre del chinguito número 10 de la playa almonteña. Después del trabajo realizado durante toda la legislatura para conseguir la estabilidad y el futuro de este tipo de establecimientos, llega como fruto esta nueva concesión definitiva –la tercera-, con lo que Matalascañas se sitúa en una privilegiada situación a nivel nacional con el envío de esta documentación. En las próximas semanas, se espera que los 23 establecimientos culminen este proceso.


En la primera parte de la sesión, se dio cuenta de las actuaciones correspondientes a obras municipales previstas para el primer semestre de 2011. Las inversiones para Almonte, El Rocío y Maytalacañas durante este periodo suman los 2.125.000 euros. Al núcleo costero irán a parar 1.300.000 euros, destacando actuaciones como la adecuación de la Avenida de las Adelfas y calles adyacentes, la regeneración de escaleras de bajada a playa, la remodelación de un tramo del Paseo Marítimo y la vía ciclista.

Por lo que respecta a la aldea, sobresale la inversión de casi 300.000 euros que se va a efectuar en el Punto Limpio. Por último, en Almonte se mejorará el estado de diversas calles, el Centro Doñanita y la pista de atletismo. Igualmente, se dio a conocer la cifra actual de población, que alcanza a fecha 1 de enero de 2010 los 22.204 habitantes.

También se concretó la rectificación del inventario municipal de bienes, cerrado a finales de año, que queda ahora fijado en 160.751.240,78 euros. Las modificaciones van referidas a la baja de vehículos y de una vivienda en la avenida de los Ánsares, a lo que se suma el alta de la empresa municipal 21.Economía Sostenible y de un inmueble en la calle Concha Suárez, más parcelas en la calle Torre Carbonero, así como la inclusión de dos nuevas marcas.

En otro orden de cosas, se aprobó la ordenanza fiscal reguladora de la calificación de viviendas de protección oficial, con un tipo impositivo del 0,12 por ciento sobre el coste total del proyecto. Esta medida forma parte del traspaso de competencias que se está produciendo desde la Junta de Andalucía hacia las corporaciones locales, con el fin de  facilitar la creación de promociones de VPO. La nueva situación obliga a realizar las adaptaciones precisas, de cara a favorecer a los promotores y particulares que quieran construirlas, cumplimentando desde ahora los trámites en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno ha querido dejar muy claro que este punto no conlleva en absoluto una subida de tasas para los ciudadanos.

En esta misma línea, se dio el visto bueno a la modificación de ordenanzas fiscales relacionadas con la gestión del cobro de residuos sólidos urbanos, saneamiento, y acceso de vehículos a cocheras, que ha pasado a asumir la Mancomunidad MAS, tras cesar en su actividad la Mancomunidad de Aguas del Condado. Los recibos llegarán a los domicilios con carácter mensual y no cada dos meses, por lo que se ha incluido en el texto de la ordenanza la adaptación al servicio de recaudación que opere en ese momento, sin que esto suponga ningún perjuicio para los vecinos y sí una mayor comodidad, al fraccionarse aún más el pago.

Por último, se desestimó con los votos del PSOE una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida sobre la protección a los desempleados de larga duración. La intención de que el pleno solicitara al gobierno que restaurase la ayuda correspondiente al Programa Temporal de Protección por desempleo e Inserción (PRODI), se ha considerado improcedente desde las filas socialistas tras la aprobación el 2 de febrero del pacto social entre gobierno, sindicatos y empresarios, que ya recoge esa misma demanda en forma de ayudas económicas.

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