UGT alecciona a los prejubilados de Astilleros de Huelva y les insta a no declarar si les llama la Policía Judicial

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El sindicato, mayoritario en la naval, celebró una asamblea únicamente para advertirles de que se acogieran a su derecho a no decir nada. El ERE de Astilleros incluye a dos prejubilados con fecha de antigüedad posterior a la fijada por Industria para recibir las ayudas, según publica Andrés Marín en el diario El Mundo.

Los nervios desatados entre los sindicatos mayoritarios a cuenta de la investigación judicial por la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevaron hace dos semanas a UGT a cerrar filas entre los prejubilados de Astilleros de Huelva, a quienes previnieron y dieron instrucciones de cómo actuar en caso de que fueran requeridos por la Policía Judicial.

Según ha podido conocer EL MUNDO de Andalucía, UGT convocó una asamblea con los prejubilados de la factoría naval onubense afiliados a este sindicato (la mayoría de los 147 que reciben estas ayudas) con un único y exclusivo orden del día: pedirles que se acogieran a su derecho a no declarar en el caso de que fueran llamados por la policía que investiga las irregularidades en los ERE.

Parece evidente que UGT, sindicato mayoritario en Astilleros, prevé que la jueza pueda dirigir sus pesquisas hacia el ERE de la naval de Huelva.

La asamblea, conducida por el secretario provincial de la Federación de Metales, Construcciones y Afines de la UGT de Huelva, Sebastián Donaire, reunió a un centenar de prejubilados, a los que se les dijo que en el caso de que fueran citados por el juzgado irían acompañados por los abogados del sindicato y que se abstuvieran de declarar si los requería la Policía.

Se da la circunstancia de que la regulación de Astilleros deja alguna irregularidad tras de sí, como el hecho de que se hayan incluido en ella a varios trabajadores que no cumplen el requisito exigido por el Ministerio de Industria.

Este organismo estableció en su resolución para la concesión de los 19 millones de euros de ayudas sociales a pagar través de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) que no tendrían derecho a las mismas “aquellos trabajadores con contrato laboral temporal y los fijos otorgados con posterioridad al 24 de febrero de 2004”.

Sin embargo, el auto del Juzgado de lo Mercantil de Huelva que el 23 de noviembre de 2010 fijó definitivamente las condiciones del ERE de Astilleros de Huelva, al que ha tenido acceso este diario, establece un listado de trabajadores divididos en varias categorías en el que aparecen dos prejubilados cuya antigüedad es posterior a la fecha tope fijada por Industria, en concreto de junio y agosto de 2006, muy por encima de lo estipulado por el Ministerio.

Sólo para las prejubilaciones, las administraciones han pagado una cantidad cercana a los 29 millones de euros. De ellos, los 19 millones aportados a través de Pymar para todas las ayudas, que se han terminado usando únicamente para las jubilaciones anticipadas. Los diez millones restantes han sido sufragados a partes por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria.

Aunque el dinero fijado por Industria para todas las ayudas se ha acabado usando únicamente para las prejubilaciones, hay trece trabajadores más no prejubilados, que en teoría deberían haber cobrado sus ayudas de ese dinero, que también superan la antigüedad mínima exigida.

Según el acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre entre la Junta de Andalucía, el comité de empresa y la administración de Astilleros de Huelva, 147 trabajadores serían prejubilados y un total de 54 formarán parte del grupo de recolocables, para los cuales se ampliará el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) seis meses y posteriormente iniciarán cursos de formación –12 meses– para adaptarse a las nuevas actividades laborales.

Sin embargo, el futuro de estos trabajadores recolocables sigue siendo incierto, con lo que la inquietud de este colectivo crece a medida que pasan los meses y no hay un futuro plenamente establecido.

Se da la circunstancia, además, de que estos trabajadores no están cobrando sus nóminas, paras las que Industria había destinado 1,5 millones dentro de los 19 que se han terminando usando para pagar prejubilaciones. Además, todavía no han cobrado sus indemnizaciones (casi 500.000 euros en total) el colectivo de 20 empleados que fueron incluidos en el grupo D del ERE, es decir, aquellos para los que se estipuló el despido de la empresa.

Algunos de estos empleados han denunciado la “arbitrariedad” con la que se realizó el ERE y con la que se les excluyó del colectivo de 54 recolocables, incluidos en el grupo C. Los empleados aseguran que entre los 20 trabajadores de este grupo abundan familiares de uno de los dueños de Astilleros que no autorizó la intervención de la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz impuso a un administrador único, José Luis Álvarez, experto en la liquidación de industrias navales en crisis, como acabó sucediendo con Astilleros de Huelva, a pesar de que la Junta y el PSOE insistían en que su intención no era cerrar la naval onubense.

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2 comentarios

  1. Cuando a los onubenses, se nos pedia por parte de los trabajadores, que les apoyaramos en una causa justa, como era la defensa de los puestos de trabajo;no hechamos a la calle y estubimos con ellos.
    ¿ Seria mucho pedir, que ahora ellos dieran un paso adelante, para descubrir tanto “chorizo” que hay en la Administración Andaluza y en UGT ? Si no lo hacen, creo que cuando como yo, lo apoyamos muchos onubenses, estabamos apoyando una causa que no merecia la pena dfender, y eso, seria una ingratitud por parte de ellos.Muchos otros trabajadores, me refiero a los de las contratas, se han quedado en la calle sin nada.Espero que aunque solo sea por verguenza, por decencia,
    den el paso y declaren si se lo piden, y me pregunto,¿ Que teme Sebastian Donaire ?

  2. Juan Carlos on

    Pasteleo en la condomina, todo sea por la cuchara, han cumplido los de la Junta, pues ahora a callarse como en el colegio, ¿Manolito quien ha sido el que…? Recuerdan, vivir para ver.

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