El TSJA califica de “burla” la ejecución de una sentencia por parte del Ayuntamiento de Ayamonte

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha exigido al Ayuntamiento de Ayamonte que cumpla la sentencia de 2009 en la que se anulaba la creación de 15 plazas de vigilantes del entorno ya que, según el Alto Tribunal, ejercían competencias propias de los agentes de la Policía Local. El consistorio no ejecutó esta resolución limitándose únicamente a suprimir de las funciones de estos vigilantes la ayuda en la entrada y salida de los colegios sin derogar los puestos de trabajo tal y como ordenó el TSJA.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Huelva dio por buena esta actuación del Equipo de Gobierno ante lo cual el sindicato CSI-F interpuso un recurso de apelación al máximo órgano judicial de Andalucía.

Ahora, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA estima que la ejecución pretendida por el Ayuntamiento “supone una burla de la sentencia y deja de cumplir lo acordado” ya que las competencias atribuidas a los vigilantes “implican el ejercicio de la autoridad reservado a los funcionarios no pudiendo ser desempeñadas por personal laboral”.

Así, el Alto Tribunal ha dado la razón a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios considerando que la Oferta Pública de Empleo (OPE) correspondiente al año 2006 en lo relativo a las plazas de vigilantes del entorno debe ser derogada al estimar que las tareas encomendadas sólo pueden ser ejecutadas por la Policía Local. De hecho, esos 15 puestos estaban destinados, según la OPE de 2005, a este cuerpo de funcionarios y un año después fueron sustituidas por los “educadores” por decisión del entonces alcalde del municipio Rafael González.

De esta forma, los magistrados han considerado el recurso de apelación de CSI-F y ordenan “la estricta ejecución de la sentencia” anulando la oferta de empleo de 2006 en lo que se refiere a la creación de las plazas de vigilantes del entorno.

Disputas en los tribunales

Ésta es la tercera ocasión en la que el máximo órgano judicial de Andalucía se pronuncia contra esta figura de los vigilantes o educadores urbanos creada en 2006 por el entonces alcalde Rafael Gónzalez que hizo caso omiso a los requerimientos de la Delegación del Gobierno en Huelva para que anulase la convocatoria de contratación de estos vigilantes, lo que llevo al sindicato CSI-F a trasladar el caso a los Tribunales.

En Noviembre de 2009, el TSJA dictó otra sentencia que anulaba el acuerdo de contratación de los 15 puestos de vigilantes del entorno, también desobedecida por el actual alcalde Antonio Castillo quien, pese estos pronunciamientos judiciales, ha mantenido la política de su antecesor conservando esta figura a la que se destinan en los presupuestos municipales mas de 330.000 euros anuales.

En este sentido, CSI-F ha vuelto a pronunciarse contra la supresión de las plazas de Policía Local para crear las de los vigilantes y ha denunciado “las mentiras, las imposiciones, los desvaríos y las campañas de desprestigio hacía el colectivo de funcionarios de la policía” así como la precariedad en los servicios de este cuerpo de seguridad por mantener la figura del vigilante, lo que supone “un despilfarro de dinero público” del que son responsables tanto González como el actual alcalde que los ha mantenido en plantilla.

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