AECO denuncia la morosidad de la Junta

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La situación insostenible del sector de la construcción, afectado no sólo por la crisis económica generalizada sino también asfixiados ante la falta de financiación y la morosidad sufrida por parte de las Administraciones ha llevado a la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO) a lanzar la voz de alarma y exigir a las autoridades un plan de reestructuración eficaz. EL sector no descarta futuras movilizaciones si no se atienden las peticiones formuladas.

Según AECO, la Junta de Andalucía y la mayoría de los Ayuntamientos son las principales deudoras de las empresas de la construcción y reclaman que el Ejecutivo andaluz, además de pagar, debe controlar las deudas de otros entes de menor escala, buscando mecanismos para que las atiendan, ya que es incompresible que las Corporaciones locales reciban transferencias económicas del Estado o de la Comunidad Autónoma, participaciones en los impuestos, créditos, ayudas, subvenciones para actividades o nuevas obras, cuando aún no han atendido las deudas pendientes.

Por ello, AECO SOLICITA un mayor control de la legalidad en las contrataciones, obligando al riguroso cumplimiento de la Ley de Contratos, que exige garantías antes de contratar las obras, entre las que se incluye la certificación de existencia de crédito, así como la fiscalización previa de la intervención. Además, advierte esta misma Asociación que se va a denunciar judicialmente tanto el incumplimiento de la Ley de Morosidad como las reclamaciones de deuda de las Administraciones.

Además, advierten que la morosidad, sumada al tijeretazo en las licitaciones de obra pública, está ocasionando el cierre indiscriminado de las empresas constructoras onubenses y así lo constata la cifra actual de desempleados.

Las constructoras defienden la inversión pública como el arma más potente que puede tener un gobierno para potenciar el crecimiento, tanto por su carácter anticíclico inmediato sobre la actividad económica y el empleo. Según datos de AECO, Por cada millón de euros desembolsados en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros, y por cada millón que se recorta, 18 puestos de trabajo menos. En total, el recorte en Huelva desde el año 2008 ha supuesto una desinversión de unos 1.056 millones de euros, pese a estar recogidos en los Presupuestos.

Por último, desde AECO se requiere también la nulidad de las modificaciones del Plan Estatal de Vivienda ya que supone la paralización y el final de las VPO´s así como una prórroga en las ‘Medidas de Impulso Económico y de Acceso a la Vivienda’ promovidas por la Junta de Andalucía.

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