La Junta no paga el salario social a cientos de familias necesitadas

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Cientos de pobres que viven en Huelva llevan desde el pasado verano a la espera de que la Junta de Andalucía les abone el salario social, una ayuda de entre 397 y 641 euros que concede la Administración autonómica a los más necesitados y que gestiona la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social con el objetivo de “luchar contra la marginación”.

Según ha denunciado a Huelvaya.es miembros de una familia beneficiaria del programa ‘Solidaridad de los andaluces’, tras presentar la solicitud en julio del pasado año y pese a que la Delegación para la Igualdad les ha informado por escrito que el expediente está aprobado, todavía no han percibido el salario social a pesar de que ya han pasado casi nueves meses desde que acudieron al auxilio de la Junta.

Los motivos que la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía esgrime para intentar justificar este retraso son un tanto vagos, ya que se limita a contestar a estas personas que el expediente se encuentra “en trámite de fiscalización”, al tiempo que elude comprometerse a dar una fecha de pago aproximada. La incertidumbre que está sufriendo esta familia no es exclusiva sino que es compartida por cientos de necesitados que residen en la provincia onubense.

Según la información recabada por esta cabecera, las solicitudes para cobrar el salario social recogidas durante el verano del 2010, e incluso en meses anteriores, aún están pendientes de pago tras su aprobación por una comisión que preside la delegada para la Igualdad, Carmen Lloret.

SITUACIÓN DRAMÁTICA

En la mayoría de estos casos la situación de penuria en la que viven es ya dramática, pues se trata de familias sin ingresos y con hijos a los que alimentar. De esta forma, la ayuda que están pendientes de recibir por parte de la Administración andaluza es el último recurso que les queda para subsistir.

Sin embargo, la tardanza de la Delegación para la Igualdad a la hora de liberar los salarios sociales está agravando aún más el ahogo de estas familias que, como tantas otras de toda la provincia de Huelva, están padeciendo las duras consecuencias de la crisis económica y el aumento de las tarifas de servicios básicos como la luz o el agua.

La imposibilidad de encontrar un empleo en una provincia donde el número de parados inscritos en el SAE supera los 52.000, convierte al salario social como un mecanismo imprescindible para combatir la marginalidad.

No obstante, para este año los presupuestos de la Consejería para la Igualdad, que encabeza Micaela Navarro, no recogían ni un euro más para financiar esta ayuda con respecto a 2010 y la cifra se mantiene en 64 millones de euros a pesar de que el número de andaluces que se encuentran en situación de riesgo social va en aumento.

El Ingreso Mínimo de Solidaridad o salario social se abona con una duración máxima de seis meses y consiste en una prestación económica mensual de 397,67 euros, equivalente al 62 por ciento del salario mínimo interprofesional de este año, y al que se suma 51,31 euros por cada miembro extra de la unidad familiar hasta un tope máximo de 641,40 euros.

Para acceder a estas ayudas, las familias deben estar constituidas de forma estable con un año de antelación como mínimo a la fecha de presentación de la solicitud, salvo en casos de matrimonio, nacimiento de hijo o adopción y ruptura familiar suficientemente acreditada.

Además, todos sus miembros deben estar empadronados como residentes en un mismo domicilio de un municipio andaluz también al menos con un año de anticipación, a menos que se justifique el cambio de residencia por causas de trabajo o fuerza mayor.

Este programa hace hincapié en las medidas de inserción frente a las de carácter puramente asistencial. Para ello, el beneficiario firma un compromiso de inserción por el que se compromete a cumplir con su responsabilidad familiar en los ámbitos de escolarización, salud y vivienda, además de esforzarse por insertarse en el mercado de trabajo a través de su formación y capacitación profesional.

Así, en la comisión provincial de valoración que concede estas ayudas están representados, además de la Junta, la Diputación de Huelva, ayuntamientos y agentes sociales y económicos como los sindicatos UGT y CCOO .

Para acceder a las mismas, los usuarios deben solicitarlas en la sede de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, y acreditar que no reciben prestaciones ni de la Seguridad Social ni del Servicio Público de Empleo Estatal, así como estar dados de alta como demandantes de empleo.

UNA LEY EN EL CAJÓN

La figura del Ingreso Mínimo de Solidaridad será sustituida por la renta básica de inserción contemplada en la futura Ley de Inclusión Social que lleva años guardada en el cajón del Gobierno andaluz “por la actual situación económica”. Esta normativa busca elevar al rango de derechos sociales diversas prestaciones y servicios que promueve la Administración autonómica y que actualmente están reguladas de forma dispersa.

Uno de sus aspectos fundamentales es que regulará el acceso a la renta básica como un derecho fundamental de todas las personas. Otros cambios sustanciales es que se tratará de ayudas económicas individuales -y, por tanto, no exclusivamente dirigidas a unidades familiares–, se incrementa la cuantía a percibir y se abonará a mensualidad vencida.

No obstante, para la percepción de esta renta, que se facilitará de forma temporal, la Administración exigirá una serie de compromisos por parte de los beneficiarios y ejercerá un seguimiento del cumplimiento de los mismos, como, por ejemplo, que, en caso de tener hijos menores de 16 años, éstos se encuentren escolarizados tal y como marca la ley.

(Texto: José Carlos Aguado)

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