La oposición de Cartaya recurre el auto del archivo provisional del ‘caso Hiconsa’

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Juan Antonio Millán y Miguel Novoa en un acto del PSOE.

Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular e Independientes por Cartaya han presentado ante la Audiencia Provincial de Huelva recurso de apelación contra el auto de archivo del caso Hiconsa. Aseguran que Millán y Nova siguen imputados, pero ambos dirigentes lo han negado en un comunicado.

Según la oposición, “esto quiere decir que el caso Hiconsa sigue abierto, pues se trataba de un archivo provisional. Mientras no haya una resolución judicial firme, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán; el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa; el arquitecto Francisco Benítez Galán; el administrador de Hiconsa, Juan Márquez Rodríguez; y la esposa de Novoa, María Dolores Contreras Santana, continúan imputados por los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra el territorio”.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cartaya se emitía una nota en la que se decía que “tras las manifestaciones realizadas por los miembros de la oposición del Ayuntamiento de Cartaya esta mañana, nos gustaría aclarar que después del Auto de Sobreseimiento y Archivo dictado por el Juez instructor de la denuncia, y del informe del Fiscal tras las pruebas realizadas, nuestra condición no es ya la de imputados”.

Para la oposición, “el motivo de presentar recurso de apelación es porque no estamos de acuerdo con la decisión del juez de archivar el caso de forma provisional, puesto que de las diligencias realizadas se desprende lo siguiente”:

1.- Nada se ha hecho por parte del juez para investigar si era correcta o no la valoración de los terrenos donde Hiconsa ha construido un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población. Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido 3,5 millones de euros en esa operación urbanística.

2.- Ha quedado demostrado que el arquitecto denunciado trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y la familia Novoa durante el tiempo que se produjeron los hechos denunciados.

3.- El arquitecto denunciado reconoció ante el juez que la valoración de los terrenos en El Almendral la hizo para que las viviendas que iba a construir Hiconsa pudiesen salir a la venta con un precio competitivo. Esto quiere decir que la valoración se hizo atendiendo a los intereses de esa empresa en lugar de los intereses del Ayuntamiento, que fue el que le encargó al arquitecto la valoración de unos terrenos por los que debía cobrar dinero con destino a las arcas municipales. Estamos ante un claro caso de conflicto de intereses en el cual el arquitecto actúa como juez y parte, pero en contra del interés del Ayuntamiento, que es quien le encarga un trabajo técnico.

4.- Ha quedado probado que el gobierno municipal del PSOE otorgó de forma ilegal licencia de obras a Hiconsa para la construcción de las viviendas, pues no estaba aprobado de forma definitiva el planeamiento urbanístico de esa zona del municipio, normativa cuyo autor es el arquitecto denunciado.

5.- Ha quedado también demostrado que el gobierno municipal benefició a Hiconsa adjudicándole los aprovechamientos urbanísticos de la zona donde construyó las viviendas sin que mediase concurso público.

6.- Ha quedado demostrado que Novoa debió abstenerse de participar en las negociaciones con Hiconsa para el desarrollo urbanístico de esa zona del municipio, pues en el momento de iniciarse las mismas, el primer teniente de alcalde ya sabía que esa empresa y el arquitecto denunciado iban a hacerle su vivienda familiar.

7.- Ha quedado acreditado documentalmente que Novoa tiene desde hace más de cuatro años una deuda con Hiconsa por la construcción de su vivienda que supera los 100.000 euros, deuda que jamás esa empresa le ha reclamado judicialmente.

8.- Ha quedado demostrado que Novoa, que entonces era concejal de urbanismo, se concedió a sí mismo de forma ilegal licencia de obras para la construcción de su vivienda, a sabiendas de que los informes de los servicios técnicos municipales eran contrarios porque invadía un viario público y excedía el volumen de edificabilidad permitido.

La nota de prensa de la oposición dice que “Izquierda Unida, Partido Andalucista, Partido Popular e Independientes por Cartaya no recurriremos al insulto como han hecho Millán y Novoa cuando han anunciado posibles querellas contra los firmantes de la denuncia del caso Hiconsa. Ninguna querella conseguirá amordazar a los grupos que hoy formamos la oposición en Cartaya. Quienes recurren al insulto para descalificar a sus adversarios demuestran que carecen de argumentos políticos sólidos”.

Asimismo, se asegura que “seguimos estudiando las medidas que pone a nuestra disposición la ley para continuar con nuestra labor de investigación sobre otros asuntos oscuros de la gestión del PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya, por si hubiese hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. No nos arrepentimos de haber actuado con honestidad y de haber denunciado en el juzgado el caso Hiconsa. La obligación de cualquier concejal es denunciar todo aquellos actos o situaciones que puedan ser delictivos”.

La oposición en Cartaya está convencida de que “con la denuncia del caso Hiconsa hemos defendido los intereses del pueblo de Cartaya. Esos intereses lo seguimos defendiendo con el recurso que hemos presentado contra el archivo provisional del caso y los seguiremos defendiendo con actuaciones futuras”.

Por último, aseguran que condenan “la campaña desatada por el PSOE en contra del profesional de la abogacía que ha llevado la denuncia del caso Hiconsa. Esa persona merece todo nuestro respeto y apoyo como profesional, pues es en esa condición en la que actúa y, por lo tano, debe ser respetada su profesionalidad, de la cual ha dado sobradas pruebas”.

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