Los sueldos de algunos ayuntamientos de la provincia están dando que hablar, sobre todo porque los ciudadanos están mirando con lupa a los políticos justo ahora que nos encontramos en una profunda crisis ecónómica y las arcas municipales de todos los municipios están no sólo vacías, sino con profundos déficit.

El último capítulo de esta guerra contra los sueldos abusivos tiene como epicentro Ayamonte, donde el alcalde ha hecho algo tan peculiar como aprobar los salarios del equipo de gobierno socialista por decreto, en vista de que no tiene mayoría en el pleno y sabía que le iban a rechazar una propuesta como la que finalmente ha aprobado vía decretazo. Todos los concejales del PSOE quedan liberados y cobrarán un sueldo de tres mil euros, según la denuncia hecha pública por el PP, que ha anunciado una propuesta plenaria para que se reduzcan.

 La oposición no quiere tantos liberados y cree que con cuatro concejales a tiempo total es suficiente. Habrá que estar atentos a cómo discurren los acontecimientos, pero el alcalde de Ayamonte no puede olvidar que gobierna en minoría y que fue elegido gracias a la abstención de IU, formación con la que no tiene un acuerdo de gobierno, por lo que la inestabilidad a la que va a estar expuesto es grande.

El alcalde ha emitido un comunicado en el que pide consenso y dice algo que llama bastante la atención: que algunos de sus concejales van a perder dinero por dedicarse a la política. El argumento no se sostiene por ningún lado, porque no queremos ni imaginar qué pasaría si un grupo político llevara en sus listas a alguien con un sueldo millonario. Ese argumento no vale. El que quiera dedicarse a la política que lo haga, pero no puede condicionar el sueldo que cobre al que tenga en su profesión habitual.