El Partido Popular ha criticado los “nuevos engaños” de la Junta de Andalucía al sector de la chirla del Golfo de Cádiz que han provocado que el sector se alce nuevamente en pie de guerra sólo quince días después de volver a faenar en el caladero tras las últimas restricciones.

La parlamentaria andaluza del PP por Huelva y portavoz de Pesca, María Sacramento, ha asegurado que “las sospechas se confirman y el sector de la chirla está a las puertas de nuevas movilizaciones por la actuación de la Junta de Andalucía”.

Sacramento ha recordado que “si hace poco más de 10 días el PP denunciaba las inquietudes de los pescadores ante los bajos precios de las capturas y la pesca ilegal, hoy vemos como los marineros, tanto de Punta Umbría como de Isla Cristina, se ven nuevamente atados de pies y manos por las pretensiones de la Junta con respecto a las capturas”.

La dirigente popular ha señalado que, actualmente, el tamaño mínimo permitido para la captura de la chirla del Golfo de Cádiz oscila en torno a los 21.5 milímetros. Ahora la Junta obliga al sector a cambiar la zaranda al tamaño de 22 milímetros.

A este respecto, Sacramento ha declarado que la situación que ahora atraviesa el sector “es responsabilidad de la Junta y, por tanto, tiene que asumir su parte de culpa”.

Así, la popular ha agregado que “la Junta no debió en un principio dar más licencias de las que el caladero podía soportar y tenía la obligación de actuar ante el exceso de tara que algunas embarcaciones llevaban a cabo”.

“No hizo ni una cosa ni la otra y ahora no puede pretender que los pescadores carguen con todas las consecuencias”, ha sentenciado la parlamentaria del PP.

Sacramento, además, ha recordado que “las embarcaciones están cumpliendo con las vedas, con el recorte en los horarios y con las taras, y ahora la Junta se saca de la manga otra nueva restricción que lo que quiere conseguir es aburrir al sector”.

“Ni la consejera ni la directora de Pesca cumplen con sus compromisos porque lo único que les preocupa es la paralización definitiva de la mayor parte de la flota, sin tener en cuenta la cantidad de puestos de trabajo tanto directos como indirectos que dependen de la pesca en Andalucía”.

Y es que, la parlamentaria andaluza del PP ha puesto de manifiesto que el sector se queja de que si ya el marisco escasea en cantidad y tamaño, “esta nueva imposición hará que la situación se vuelva insostenible”.

“Los pescadores son conscientes de que la modalidad de extracción de la chirla necesita de un plan de ajuste, pero manifiestan que no puede permitirse que todo el peso de la problemática generada se cargue sobre los hombros del sector”, ha manifestado Sacramento.

Por ello, la parlamentaria andaluza del PP ha afirmado que “la Administración debe asumir su parte de culpa porque concedió más de 100 licencias para un caladero que, según las recomendaciones de los técnicos, solo podría soportar unas 45 embarcaciones”.

La popular, a este respecto, ha reiterado que “los marineros consideran que la Junta lo que pretende es aburrirles para que opten por el abandono, pero para ello deben ofrecerse medidas y garantías fiables”.

María Sacramento ha denunciado, además, que “si el caladero no presentaba todos los síntomas de total recuperación, la Junta no debió abrirlo engañando y manipulando al sector que ahora se siente utilizado como un modo de garantizar un puñado de votos”.

Para manifestar sus protestas, los pescadores tienen previsto concentrarse el mañana lunes a las 10.00 horas frente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Sevilla.