M. M. V., de 30 años, y J. M. B. B., de 25, no encontraron mejor manera para solucionar el vulgar incidente de tráfico que habían mantenido con José Ángel N. P., de 32 años en el momento de su muerte, que asestarle dos puñaladas en el pecho que acabaron con su vida después de que éste se detuviera en un semáforo.

Este lunes se ha iniciado el juicio por el crimen ocurrido en octubre de 2009, en el que un jurado popular decidirá la pena de los acusados, quienes, por el momento, se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 20 años para cada uno por un delito de asesinato. El Ministerio Público fija también una indemnización de 180.000 euros para la mujer y el padre de la víctima.

El incidente de tráfico que acabó en tragedia se produjo a 50 kilómetros de donde terminó ocurriendo el crimen. El coche conducido por los acusados y de la víctima se encontraron fatalmente en la autovía A-49, a la altura de Bollullos del Condado, donde un pique o una riña inició una persecución que acabó en un semáforo de la avenida Cristóbal Colón de la capital onubense, en la barriada de El Carmen.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía,  sobre las 17.50 horas del 23 de octubre de 2009 los acusados aprovecharon que la víctima había detenido su coche en un semáforo para bajarse de su vehículo e ir a por él.

José Ángel N. P no se quedó esperando en su coche. Se bajó y salió al encuentro de sus verdugos. Uno de ellos, J. M. B. B., le agarró por el brazo, momento que aprovechó M. M. V, para, “con ánimo de acabar con su vida”, asestarle dos puñaladas en el pecho con un cuchillo de nueve centímetros de largo y casi tres de ancho.

El fiscal asegura en su escrito que J. M. B. B. “no hizo nada por impedir la agresión, coadyuvando a la misma al mantener a José Ángel agarrado en todo momento”. Tras cometer la agresión mortal, los acusados se volvieron a montar en el coche y abandonaron el lugar a gran velocidad.

En el juicio, que se celebrará ante un jurado popular y tendrá lugar hasta el miércoles, declararán, a petición de la Fiscalía, la mujer del fallecido, médicos forenses que practicaron la autopsia a la víctima y agentes de la Policía Nacional.