Una decena de entidades que trabajan con inmigrantes han denunciado que la Policía está realizando «controles de identidad basados en criterios raciales» en puntos clave de la ciudad, como la estación de autobuses de Damas, la estación de tren o barrios representativos en los que la población de origen inmigrante es importante. Asimismo, estas ONG califican «muy grave» la situación que se está dando en la Oficina de Extranjería de Huelva, ya que para obtener la tarjeta de residencia se tarda, al menos, entre 15 y 16 meses.A través de un comunicado conjunto, las diez entidades firmantes -APDHA, Valdocco, Cáritas, ACCEM, Asociación Los Andes, Codenaf, Huelva Acoge, Asnuci, CCOO y Caminar- pretenden denunciar «dificultades y carencias que se vienen detectando, que nos preocupan y que deben ser abordadas».

Así, las ONG lamentan que «la realidad de las personas inmigrantes que acuden a la campaña de la fresa en busca de empleo sigue sin abordarse por parte de ninguna administración pública» y apuntan como principales carencias «la ausencia total de plazas de alojamiento temporal y la inexistencia de un servicio de intermediación laboral eficiente». En este sentido, señalan que la dificultad de gran número de estas personas para lograr acceder a una vivienda de alquiler y la ausencia de plazas de alojamiento temporal «desemboca en la formación de asentamientos chabolistas en diversos núcleos de la provincia, que carecen de todo tipo de servicios como luz, agua o saneamientos». «La realidad de los asentamientos ha pasado a ser permanente (no bajan de las 400 personas) y ya se viven realidades de exclusión y marginación severas y mantenidas en el tiempo», advierten.

Además, estas entidades aseguran que durante los primeros meses del año las personas que estaban en esta situación superan el millar «y actualmente no baja de 500», si bien apuntan como «novedoso» el alto porcentaje de personas en posesión de permiso de trabajo y residencia en los asentamientos (en torno al 35 %), destacando las de tipo permanente. «Se trata de personas que ocupaban nichos de empleo actualmente en decadencia por la crisis económica y que vuelven a tener en las campañas agrícolas la única posibilidad de trabajar. Es inusual que no exista aún un sistema de intermediación laboral efectivo que favorezca el acceso laboral de estas personas y que se siga contratando en el exterior (vía contingente o países del Este de Europa) cuando la oferta de trabajadores locales (nacionales y extranjeros documentados) es tan alta; en el último año sobre un total de 12.088 temporeros inscritos en el GEA, apenas se registraron 190 contratos», aseveran en el comunicado.

Por otro lado, estas diez Organizaciones No Gubernamentales denuncian que desde el pasado año y hasta la fecha están atendiendo a muchas personas inmigrantes a las que se les han realizado «controles de identidad basados en criterios raciales» en puntos clave de la ciudad, como la estación de autobuses de Damas, la estación de tren o barrios representativos en los que la población de origen inmigrante es importante. «Se trata de controles selectivos sobre la población inmigrante con el fin de comprobar la situación de regularidad o irregularidad administrativa en España. De acuerdo con la legislación vigente, la Policía sólo puede establecer controles de identidad en los casos de indicios de comisión delictiva y no basada en rasgos raciales. Esta realidad estigmatiza ante la sociedad aún más a un colectivo ya estigmatizado de por sí y lo excluye e intimida sobremanera», subrayan.

Respecto a la Oficina de Extranjería, las quejas son reiteradas. Entre otros puntos, señalan que, por ejemplo, para presentar en la documentación para arraigo social, reagrupación familiar y todos los permisos de cuenta ajena inicial, «se dan citas de 9 a 10 meses. Después de presentar la espera para la resolución es de 3-4 meses aproximadamente. Tras la resolución, la cita para la huella es de 3 meses. Son al menos 15-16 meses, como muy pronto, antes de poder tener la tarjeta de residencia en su poder y en el mejor de los casos si la resolución del expediente es favorable para poder trabajar o residir legalmente en nuestro país», explican.

Para corregir estas carencias y poner solución a los problemas que afectan al colectivo de inmigrantes en Huelva, las diez ONG proponen una mayor implicación de las administraciones competentes; la creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los propios afectados busquen y aporten todo lo posible en la solución de este problema humanitario; la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los trabajadores temporeros no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios; y por último que estos servicios se vean ampliados con aquellos otros que las necesidades de atención social, de salud, educación de personas que se desplazan a la provincia a trabajar (desde duchas a la ampliación en la dotación sanitaria).