Más allá del claro corte ideológico neoliberal que encierra la reforma de la Carta Magna española a espaldas del pueblo que la parió -impuesta por Merckel y Sarkozy-, el hecho de promoverla es un claro intento de ocultar la profundidad de la modificación a la propia soberanía del Estado. Es decir, al propio ordenamiento de un Estado Social y de Derechos como el nuestro, que sustenta su ser en la voluntad del pueblo. Por tanto, usurpar ese derecho al pueblo es hurtar la capacidad de decidir del mismo. Dicho de otro modo, es hurtar la capacidad decisoria a la razón de ser del Estado.
Propiciar esta reforma es dar carta de naturaleza a la transferencia de soberanía de España hacia los mercados que no son tan intangibles como dicen, ya que tras ellos hay personajes que controlan los hilos de la economía mundial y ahora quieren controlar las fibras sensibles, los sentimientos y la felicidad del pueblo con la acción connivente de los representantes del pueblo, elegidos por la propia voluntad de la ciudadanía.
Reformar la Constitución en los términos que pretenden el PP y el PSOE, es constitucionalizar la pobreza, el desafecto y la capacidad de evolución de una sociedad. Reformar la Constitución para limitar el gasto público es condenar a los municipios al ostracismo de la perplejidad, ya que no podrán gastar más de lo que ingresan.
En definitiva, modificar la Constitución tan sustancialmente sin contar con el pueblo es condenar de por vida a la izquierda de este país y renunciar a principios y valores básicos de la izquierda, quienes nos vemos ninguneados en derechos por un partido que parece estar haciendo un enorme esfuerzo por despegarse de la masa social que la sustenta, las clases trabajadoras y populares.
Esta urgencia innecesaria con la que quieren aprobar la reforma aparcará en el olvido reivindicaciones históricas del municipalismo de izquierdas de este país, como es una justa Ley de Financiación de las Entidades Locales, que concluirá con la pérdida de cientos de puestos de trabajo de los Ayuntamientos y sus entes asociados, amén de garantizar el cuestionamiento de las políticas sociales y del Estado del Bienestar por ser estos campos donde se producen la mayor inversión de las administraciones públicas.
Contra los abusos de un poder decadente y falto de representación, ya que su soberanía radica en el pueblo al que se le quiere hurtar derechos, es motivo sobrado para que el conjunto de la ciudadanía onubense se dé cita en la concentración del próximo 1 de septiembre.
Jorge Puente. Secretario general de UGT Huelva
