El nuevo delegado provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Vicente Zarza, se ha comprometido con el presidente de la Asociación Provincial de librerías y Librerías Papelerías, Juan Antonio Villadeamigo, a realizar un seguimiento a través del servicio de inspección educativa que vele por el correcto cumplimiento de la normativa vigente sobre los cheque-libros la cual prohíbe su gestión por parte de AMPAS, Asociaciones o los propios centros educativos.
Este compromiso ha sido adquirido en el transcurso de una reunión institucional en la que han estado también presentes el secretario general de la FOE, Rafael Ávila y la directora del Área Jurídica de la FOE y secretaria general de la Asociación de Librerías, Mª Teresa García, y en la que han tenido ocasión de abordar con el nuevo delegado un asunto de vital importancia para el sector como es la adquisición de libros de textos, dada la proximidad del nuevo curso escolar.
En este sentido, Vicente Zarza ha manifestado su intención de hacer cumplir la Orden de la Consejería de Educación que regula el Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el curso 2011/2012 y sobre la que ha dictado instrucciones la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, entre las que cabe resaltar que “no está permitida la gestión de los cheques libros por parte de AMPA, Asociaciones o los propios centros educativos”.
Asimismo, la Ley 10/2007 de junio de la Lectura, el Libro y la Bibliotecas, en su artículo 2 (letra e) define el concepto de ‘librero’ y finalmente, la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, regula qué se entiende por prácticas comerciales que restringen la competencia, creándose un órgano específico de control de concentraciones que resuelve, previa consulta, si una operación mercantil tiene naturaleza concentrativa.
Toda esta normativa avala que los cheques libros no se pueden retener por los centros educativos, ni ofrecerlo a los tutores legales para que los firmen y sean los Directores quienes adquieran los libros de texto a un distribuidor concreto e incluso a una librería única, dado que esta práctica vulneraría todos los preceptos que están regulados.
