Un total de 42.175 personas con discapacidad disponen actualmente en Andalucía de la tarjeta de aparcamiento que tramita la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. De ellas, 83 son personas menores de tres años. Este documento, personal e intransferible, acredita a sus titulares para estacionar los vehículos a motor en los aparcamientos reservados para las personas con discapacidad y movilidad reducida, al tiempo que posibilita disfrutar de las ventajas que los ayuntamientos establezcan a su favor. Además de Andalucía, la tarjeta tiene validez en todo el territorio nacional y en los países integrantes de la Unión Europea.
De las 42.175 personas con tarjeta de aparcamiento, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres. Por provincias, 2.499 son de la provincia de Almería, 9.101 de Cádiz, 2.715 de Córdoba, 4.106 de Granada, 3.206 a Huelva, 2.264 a Jaén, 9.090 a Málaga, 9.194 a Sevilla.
La nueva tarjeta de aparcamiento, modificada a raíz de una orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que entró en vigor en junio de 2010, se puede obtener ahora en el mismo momento de la solicitud o en un plazo máximo de dos días hábiles, siempre que se tenga reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33% y una movilidad reducida. Este documento se puede solicitar también directamente a través de internet, con la firma digital, en la página web de esta Consejería.
Además, se ha ampliado la población beneficiaria de esta tarjeta a las personas con una discapacidad visual superior o igual al 65% y a las menores de tres años que tengan reconocida una discapacidad grave o muy grave.
El formato de la nueva tarjeta se ha modificado para incorporar más medidas de seguridad, a fin de evitar su falsificación, y se ha reducido el plazo de su vigencia inicial de los diez a los cinco años, para las personas mayores de 70 años, y a dos años en el caso de las mayores de 80.
Los organismos encargados de determinar las condiciones de los solicitantes son los centros de valoración y orientación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que se ocupan, entre otras cosas, de valorar las discapacidades física, psíquica y sensorial.
