El pueblo de Valverde –en el que acaban de ocurrir sucesos nada frecuentes ni desdeñables por su gravedad—está en manos de la Guardia Civil. El Gobierno, a través de su Subdelegado-marioneta lo niega, pero es así, y está muy bien que así sea habida cuenta de la huelga masiva de una Policía Municipal a la que se le deben cuatro mensualidades, una extra y algunos conceptos más. Es una situación extrema, se diga lo que se quiera, que con esta huelga remata un proceso de emergencia provocado por la estudiada decisión de Griñán y Zapatero de boicotear al nuevo Ayuntamiento aunque ello implique el castigo conjunto de todos los vecinos. La alcaldesa no puede admitir esa huelga pero no yerra cuando, comprensiva con la tremenda situación, se retrata con los huelguistas, igual que permanece abierta al amplio colectivo de funcionarios que tampoco cobra, como no cobrara ya con el anterior gobierno del PSOE, e incluso está dispuesta a acudir en manifestación a Sevilla, ante el Parlamento de Andalucía, para expresar la indignación de un pueblo castigado por el supremo “delito” de haber derrocado el “régimen” que llevaba 30 años mangoneando el consistorio hasta convertirlo en un auténtico fortín de sus clientes políticos. Quizá no sabe que este Parlamento –de momento, esperemos que sólo de momento—es sordo en todo lo que no convenga a la mayoría.

Lo de Valverde, lo de los guardias, ha salido en la BBC pero donde debería salir es en el Diario de Sesiones de esa Cámara que permite con su silencio connivente que un partido en el poder castigue hasta la asfixia a los municipios en que pierde las elecciones. Porque Valverde ha heredado una deuda de 54 millones de euros, lo que supone, teniendo en cuenta la modestia relativa de su Presupuesto municipal, que tiene por delante –al menos hasta que las elecciones decidan si cambiamos de caballo en medio del río o seguimos braceando en él– unos meses enteramente angustiosos y, desde luego, un periodo de al menos un decenio de rigurosa hipoteca para el Ayuntamiento. Claro está que se espera con ansiedad el resultado de la auditoría que el gobierno actual está realizando sobre las cuentas heredadas que, sin la menor duda, deben ser expuestas al público sin la menor reserva y, en su caso, enviadas al fiscal para ver si, por ejemplo, el saqueo del Capítulo 1 del Presupuesto –el sagrado dinero destinado a pagar a los funcionarios—tiene un pase o, por el contrario, merece ser medido con la vara del Código Penal, o para ver si ciertas facturas –tanto pagadas como pendientes—son lícitas o merecen otra calificación menos halagüeña.

Los valverdeños deben saber que la herencia dejada por el PSOE secuestra al gobierno salido de las urnas, que poco o casi nada se podrá hacer en su pueblo durante años, que bastante tendrá el equipo de gobierno con pagar las deudas más urgentes, como esa contraída –hay que insistir, ya por el anterior equipo del PSOE—con los trabajadores municipales y con los acreedores en general. Como deben saber que no queda otro remedio que aliviar la nómina de “clientes” heredada, sencillamente porque un Presupuesto tan modesto no podría soportarla. O que resulta inevitable eliminar gastos suntuarios o expletivos como los perpetrados todos estos años en propaganda mediática del partido en el poder y sus instituciones. Y que, más allá de todo eso, el Gobierno y la Junta, desconcertados en su difícil momento político, están castigando al pueblo sin miramientos, como si el erario fuera suyo. Hace pocos días la Junta ha adelantado dinero a seis municipios andaluces cuyas deudas eran inferiores a la de Valverde, del mismo modo que el ICO y otras instituciones controladas por el Gobierno central han echado a otros pueblos y ciudades la mano imprescindible que le ha cerrado a Valverde.

Pocos casos podrán recordarse como éste del boicot cerrado a Valverde, un pueblo hoy desconcertado en su ruina y al que cerca por hambre el mismo partido en el poder que causó esta dramática situación, el PSOE. Un pueblo hoy en manos de la Guardia Civil porque hasta sus municipales andan viviendo del crédito. Un pueblo castigado sin piedad por haber echado abajo, legítimamente, un fortín que Chaves consideraba todavía inexpugnable en la última campaña. La democracia no garantiza la equidad ni la Justicia cuando sus principios se vulneran o cuando se fosilizan. En Valverde se está demostrando que incluso puede ser utilizada como un instrumento oligárquico cuando cae en manos irresponsables.