El subdelegado del Gobierno de España en Huelva, Manuel Bago, acompañado del director provincial del Inem, José Luis Rodríguez Taborda, ha dado a conocer hoy el detalle de los proyectos presentados por los ayuntamientos y las mancomunidades al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), proyectos que han de estar iniciados como muy tarde el próximo día 11 de noviembre (fiscalizados el 1 de ese mes), de lo contrario el presupuesto será asignado a otros proyectos para que la provincia no pierda ni un euro de lo que le correspondió en el reparto, casi 12,5 millones de euros, el mayor de su historia. De hecho, el Gobierno de España, consciente de que los trabajadores agrícolas sufren de manera directa la crisis económica, ha hecho un esfuerzo inversor a favor del campo onubense e ido aumentando de manera importante y paulatina la asignación a esta provincia, que ha crecido en casi 14 puntos desde 2008 hasta hoy.
Para este año 2011, la comisión provincial reunida el pasado mes de marzo valoró de manera muy positiva el crecimeinto del presupuesto en casi 3 puntos con respecto a 2010. Así, la provincia ha contado este año con 12.443.239,52 euros, destinados a proyectos de garantía de renta agraria y a proyectos de creacion de empleo estable. En concreto, para los proyectos de garantía de renta agraria, la comisión destinó 9.683.277,48 euros, dinero que se ha reservado para trabajadores desempleados de carácter agrícola para proyectos de interés general y social: de desarrollo rural, patrimonio forestal, medio ambiente y de infraestructuras. En definitiva, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esta cantidad va a subvencionar los costes salariales de los trabajadores y las cotizaciones de las empresas a la seguridad social.
En cuanto a los proyectos destinados a creación de empleo estable, la comisión aprobó 2.213.813,57 euros, para seleccionar obras y servicios a partir de cuya ejecución se generará empleo estable en sectores emergentes de carácter agrario. Se trata de proyectos de desarrollo agrofosrestal, medioambiental y actividades económicas en crisis.
A esto hay que añadir los 546.148,57 euros del crédito adicional que aporta la Junta de Andalucía.
Manuel Bago ha destacado que estos casi 12,5 millones de euros suponen una inyección económica “importantísima” de la que se van a ver bebeficiados más de 8.000 trabajadores y que van a dar lugar a más de 130.000 jornales. Los ayuntamientos y mancomunidades han presentado un total de 164 proyectos, de los que se han iniciado ya 86 (51 de municipios y 3 de mancomunidades) y son 78 (37 de municipios y 2 de mancomunidades) los que aún están pendientes. Los que no han comenzado tienen que fiscalizarse antes del 1 de noviembre e iniciarse antes del 11 del mismo mes, de lo contrario perderían la cuantía asignada, que rápidamente revertiría en proyectos que han quedado excluidos por motivos diversos para que no haya que devolver el dinero al Estado antes del 31 de diciembre, plazo máximo para las posibles devoluciones.
Manuel Bago ha querido destacar que en toda la Legislatura se han invertido en esta provincia 47.246.816,13 millones de euros, se ha creado empleo para 29.860 trabajadores agrícolas y concedidas 687.845 peonadas. Todo ello ha sido posible con el desarrollo de 825 proyectos. La inversión ha ido creciendo de manera paulatina e importante en estos cuatro años. En 2008 se produjo un aumento del 4,7% con respecto a 2007; en 2009 creció un 1,31, con respecto al año anterior; en 2010, un 4,71 y en 2011, un 2,97 por ciento. En total, desde que se inició la Legislatura hasta hoy, este programa ha visto crecer el presupuesto en 13,69 puntos, un aumento nada desedeñable en época de crisis, lo que demuestra es, una vez más, que el Gobierno de España ha sido sensible a los problemas de los trabajadores agrícolas, especialemnte golpeados por la crisis.
El municipio onubense que ha contado con mayor presupuesto en esta última edición del programa ha sido Bollullos Par del Condado, 570.213,63 euros, ya que es el que más paro agrícola presenta (una media de 2.116 personas desempleadas) según el número de habitantes, que es el principal baremo a tener en cuenta a la hora de hacer el reparto, en cuya tarea participan representantes de la Administración central (Subdelegación y Servicio Público Estatal-INEM) de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de los sindicatos UGT y CCOO y de la organización agraria Asaja.
