La sede de la Delegación de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta ha sido el escenario elegido para retomar las movilizaciones en Huelva contra la reordenación del sector público andaluz. Alrededor de 300 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral, se han concentrado durante media hora para exigir de nuevo la derogación de la llamada “Ley del enchufismo”. A las 10 y media de la mañana, los trabajadores de la Junta de Andalucía de las distintas delegaciones (hubo representantes de Agricultura y Pesca, Hacienda y Administraciones Públicas, Educación, Medio Ambiente, Gobernación y Justicia, Igualdad, Innovación y Turismo y Cultura) empezaron a portar las pancartas, los silbatos comenzaron a sonar y las interpelaciones al Presidente de la Junta, José Antonio Griñán, volvieron a ser las protagonistas de la protesta.

La reordenación, que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha calificado como un “desprecio al Estado de Derecho”, ha supuesto la implantación de agencias empresariales que están asumiendo las funciones de las delegaciones provinciales pero con una diferencia; los mecanismos para entrar en estas agencias carecen del control y la rigurosidad de unas oposiciones con lo cual “se abre la puerta a los enchufados a la Administración pública”.

Al menos así lo entienden los sindicatos convocantes de esta concentración, CSI-F, Ustea, Safja y USO, y la Plataforma de Empleados Públicos que han unido fuerzas en Huelva para retomar las protestas contra la reestructuración aprobada por la Junta de Andalucía.

En la provincia onubense, como ya denunció CSI-F el pasado mes de septiembre, el personal de las antiguas empresas externas está desembarcando en las delegaciones ocupando puestos de trabajo sin haber pasado por ningún proceso selectivo, tal y como viene recogido en el polémico protocolo de integración. La gravedad de esta situación, como explica esta Central Sindical, es que el personal externo está pasando a desempeñar tareas para las que no están cualificados y que son propias de los funcionarios por su especial responsabilidad.

En este sentido, Antonio Tur, responsable del sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSI-F, ha declarado, haciendo un símil futbolístico, que “mientras que el Gobierno andaluz y su sindicato amigo celebran los saques de esquina, los funcionarios empezamos hoy a celebrar los goles ya que los árbitros, en forma de Tribunales de Justicia, han emitido la primera de las muchas sentencias favorables a los empleados públicos anulando los protocolos de integración del personal externo en las agencias”.

Un año de protestas

A pesar de que los empleados públicos de la Junta de Andalucía llevan más de un año de reivindicaciones, la respuesta a la nueva convocatoria de concentración ha sido, según los sindicatos, superior a la esperada. Esto demuestra, a juicio de CSI-F, que “el ánimo sigue intacto y es posible frenar este atropello en Andalucía, por lo que seguiremos en la calle y en los tribunales para conseguir la derogación de la Ley”.

Finalmente, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios recuerda que “la Junta no es propiedad de los políticos sino de los ciudadanos, los mismos que están pagando de su bolsillo estos desatinos y, al mismo tiempo, están viendo mermada la atención al usuario”.