Juan Antonio Millán, ex alcalde socialista de Cartaya, ha remitido a HuelvaYa. es un escrito a raíz del auto de la Audiencia de “sobreseimiento libre” al recurso contra el archivo de la denuncia por prevaricación contra toda la Junta de Gobierno Local, secretario y los Servicios Técnicos Municipales y el gerente de Villas del Rompido. El texto íntegro dice lo siguiente.

«Reivindico que ha llegado la hora de redefinir la figura del imputado termino jurídico es confuso y se esté utilizando mal y aplicando peor en su manejo mediática. Se introdujo en el Código Penal como una reforma para hacer mas garantísta el procedimiento penal, protegiendo al acusado, estos es la posibilidad de acudir con abogado al ser incluido por cualquier motivo o denuncia (incluso de interés político), en una causa (esto es lo que supone la figura del imputado) sin embargo se ha convertido, política y mediaticamente, en una especie de condena anticipada, antes de que el juez y fiscal se posicionen tras escuchar al denunciado en las diligencias previas. Supone una condena mediática antes de que el Juez dicte cualquier Auto que puede ser imputación o bien de sobreseimiento y archivo. Hoy basta conque una persona denuncie por supuesto de prevaricación y aunque en las pruebas falten indicios sólidos, incluso sean manipuladas por mentes retorcidas y habidas de odio o interés político o personal, la simple decisión de investigar a que esta obligado el juez instructor, ya te convierte mediaticamente en un corrupto, malversador, etc. En Cartaya durante cuatro años eso fue práctica habitual de la oposición política local, calumniar, ofender, desprestigiar, dañar la imagen y parece que actual Equipo ha dado prueba de ir por el mismo camino,

Eso ha sucedido con la denuncia interesada y con pruebas falseando la evidencia, que presento Santa Clara SL, el anterior Equipo de Gobierno, por supuesto de prevaricación, pero por tratarse de asunto urbanistico, una licencia de ocupación, fue aprovechado mediaticamente por la oposición municipal, por todos la ultimaron con el “ofende que algo queda” pero especialmente por IU de Cartaya que lo utilizo y divulgo para atacar mi imagen y honorabilidad, confundiendo a la opinión publica, mezclando prevariación con corrupción, cohecho, malversación y en ese catalogo de delitos que politicamente cada dia mas se utilizan para atacar la imagen del adversario, y de ello se aprovechan algunos particulares como via de coacción, llevando a la jurisdicion penal asuntos propios para solventarse por la juridicion administrativa o civil. Mas sorprendente y ruin fue la utlizacion por UPyD, da la impresión de su alineado con los abogados de Santa Clara, divulgo informes, tesis y argumentos contra el Ayuntamiento, contra mi y el promotor, y divulgando las pruebas de cargo, que hoy se ha demostrado no eran ni solidos indicios y en algunos casos era todo una falsedad, y manipulación interesada.

A los propietarios Santa Clara SL, (sociedad de abogados dedicada en otros a la compra venta de inmuebles aprovechando las plusvalías) le interesaba la declaración de ilegal de la licencia de ocupación de un residencial de lujo en Villas de el Rompido, ya que, según contrato, si el Promotor no obtenia del Ayuntamiento la habitabilidad en fecha contractual era suficiente para la devolución de la señal 120.000 € que era el objeto de su reclamación, incluso intento retrasar el otorgamiento de licencias, con artilugios en contra del interés común de los restantes 79 compradores que esperaban para ocupar su vivienda que habían pagado. Era evidente que con el recurso por la vía administrativa era la adecuada y suficiente para demostrar cualquier irregularidad en la licencia, y en su caso, la vía civil para reclamar el cumplimiento del contrato de compraventa. Eso no les interesaba porque como sucedió en la jurisdicción administrativo el Juzgado Contencioso Nº 1 de Huelva le dijo que la licencia estaba concedida ajustada a derecho, tampoco la jurisdicción civil no prosperaría solicitar la devolución de la señal por un chales cuando el Promotor le había llamado para firmar escritura y fue el comprador quien no acudió o no pudo firmar por carecer de recursos e hipoteca que le habría denegado su banco.

El particular usa la vía penal, a sabiendas de las pruebas que aporta eran falsas, manipuladas, artificialmente confeccionadas y tan débiles que ni siquiera aportaban indicios de delito por eso se archivo en 1ª Instancia, pero con ella se buscaba forzar la vía negociada para conseguir la devolución del dinero, y trata de aprovechar la presión y el efecto disuasorio de la “condena mediática” que soportamos las personas que somos citados como imputados en el largo periodo desde que se cita hasta la declaración 5 meses en este caso mas uno por no presentación del denunciante. El cual para lucrarse y conseguir la devolución de la señal aprovecho todo tipo de artilugios y malas artes y presiones ante los servicios técnicos y jurídicos municipales para alargar el procedimiento para otorgar la licencia a la que el interés común de los restantes 79 propietarios y el cumplimiento de la norma tenían derecho, deseaban y necesitaban para ocupar legítimamente su vivienda.

En defensa del interés general, tuve que soportar la presión de la coacción a que se sometió al Ayuntamiento, sometiendo al “juicio mediático”, sus concejales y servicios técnicos y a pesar de no existir sólidos indicios algunos de ellos fueron calumniados acusados de falsear informe y procedimientos que el Juzgado a demostrado actuaron ajustado a derecho. La estrategia de presión y coacción estuvo clara desde el primer momento en que no accedimos a lo que deseaba y le interesaba a Santa Clara, que el Promotor cediera a sus ilegitimo interés y le devolviera la señal a cambio de renunciar a la vía penal, que no tenia posibilidades de prosperar por falta de pruebas, y la falta de sólidos indicios, pero a ellos le bastaba la sentencia mediática aprovechando la imputación.

Me consta que Santa Clara, nunca renunciaron a conseguir la devolucion de la señal por la via de la “coaccion”, lo intentan hasta ultima hora, cuando ya conocian la sentencia del Contencioso Administrativo Nº1 contraria a sus intereses, intento ante el actual Alcalde y al Concejal de Urbanimo, un pacto no se cual para conseguir su objetivo, sacando como denunciado al Ayuntamiento (concejales y tecnicos), y cargando todas las culpas de forma personal contra Juan Millan como Alcalde por el supuesto de prevaricación, fue su ultimo intento, y me costa que se analizo hasta que alguien advirtió que eso si que era prevaricar y que habia de esperarse la sentencia de la Audiencia que a todas luces elevaria a sobreseimiento libre el provisional que sentencio la Juez del Nº 1 de Ayamonte ¿En esta situacion para que pactar?

QUIERO RECORDAROS LO QUE DIJE

CUANDO SE DICTO EL AUTO DE ARCHIVO PROVISIONAL

1.- El Juez nº 1 de Ayamonte ha dictado Auto de sobreseimiento y archivo, y por tanto, da por concluida las diligencias previas por una denuncia en la que se acusa de un supuesto de prevaricación por conceder una licencia de primera ocupación en la urbanización Villa del Rompido, del Complejo Residencial y Turístico, y en la que se denuncia por un supuesto de estafa a la promotora de Villas del Rompido. El juez considera que no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de esta causa y por ello da por concluida las diligencias previas. Esta denuncia por prevaricación también iba dirigida contra tres concejales de la Junta de Gobierno Local, los Servicios Jurídicos y Técnicos Municipales, y por estafa contra la gerencia de la empresa.

Es de destacar que el Ministerio Fiscal ha propuesto el sobreseimiento provisional y archivo, y tengo que decir que su informe es demoledor para la sociedad denunciante y su trama, así como la afirmación del Juez en el Auto dando por hecho que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, es decir, que la denuncia no se ajusta a la verdad de los hechos y el denunciante miente a favor de sus intereses económicos.

2.- El Auto pone de manifiesto que quien me denunció y acusó, no ha demostrado tener pruebas que justifiquen la acusación de prevaricación, siendo este el único delito del que me acusaba, aunque los intereses partidistas hábilmente utilizados han hecho se trasladara a la Opinión pública que se trababa de un caso de corrupción con estafa, cohecho.

El denunciante ha sido una sociedad de inversiones inmobiliarias, es decir una empresa, y no un particular, cuyo negocio consistía en comprar una villa de lujo en El Rompido valorada en 500.000 €, presuntamente con la intención de especular. Al no concederle el banco el crédito hipotecario para afrontar tal inversión, unilateralmente intentó resolver el contrato, claro que sin perder la fianza de 120.000 € , para lo que intenta demorar la licencia de primera ocupación, y cuando finalmente esta se concede, intenta demostrar su ilegalidad. Por ello para conseguir sus objetivos, el comprador intentó retrasar la licencia influyendo en la voluntad de los técnicos municipales con numerosas reuniones en las que los recibió del Secretario y los técnicos municipales dandole todo tipo de información técnica, se les aporto cuanta documentación solicitaron. Además, se le demostró que, durante los dos meses en los que se prolongó la tramitación de la licencia de primera ocupación, el promotor de Villas de El Rompido, subsanó cuantas deficiencias se observaron por los técnicos y juristas en la documentación presentada.

3.- Para conseguir sus objetivos particulares y lucrativos, quienes denunciaron no tuvieron escrúpulos en montar un “proyecto de delito” diseñado para conseguir sus pretensiones, y tampoco para acusar de un supuesto de prevaricacion a toda la Junta de Gobierno Local, al Secretario y los Servicios Técnicos, así como a la empresa promotora de las Villas de El Rompido de un supuesto de estafa.

En primer lugar, quiso resolver el contrato sin perder la finaza, y, posteriormente, cuando la sociedad denunciante vio que no podía demorar el trámite de otorgamiento de licencia por ajustarse a derecho, optó por anularla mediante recurso contencioso administrativo. Ahora ha quedado constatado que la Licencia de Primera Ocupación de las 80 casas de la 4ª fase de Villas de El Rompido se ha tramitado con escrupuloso cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, dispone de todos los informes técnicos y todos son favorables, tanto los emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, como los sectoriales y de servicios de Endesa, Giahsa, …etc. Además, señalar que los informes de los técnicos municipales se han emitido sobre informes y proyectos visados por los Colegios Profesionales correspondientes y también se han cursado visitas. Os adelanto que cuando resuelva el Juez esta cuestión os informaré.

4.- Destacar que la Sociedad denunciante, en apoyo a sus tesis, levantó Acta Notarial y presentó Informes Técnicos elaborados por arquitectos contratados por ellos. Sin embargo, se ha demostrado que son montajes fotográficos sobre planos, organizados estratégicamente para justificar y soportar el proyecto de delito que diseñaron los abogados denunciantes.

Estos, además no han tenido escrúpulos en utilizar la información del Sumario para su acusación mediática, a sabiendas de la falsedad de su estrategia. He dado instrucciones a nuestros abogados para que estudien si no se ha venido utilizando esta estrategia de comunicación como medida de presión o coacción al Alcalde, Concejales y Técnicos Municipales o a la misma Empresa Promotora.

Por mi parte, felicito a los Servicios Técnicos Municipales porque el expediente de licencia de primera ocupación es muy completo y perfecto, y puede ser expuesto como modelo y practica a seguir por muchos

5.- Con esta decisión del Juez se comienza a hacer justicia, si bien no nos quedamos conformes, ya que se ha jugado con la honestidad profesionalidad de la institución municipal y de sus servidores: Concejales, Secretario y técnicos. Todos tienen mi respaldo, confianza y apoyo.

6.- La acusación ha sido partidariamente utilizada por algunos partidos políticos, especialmente PP, IU y UPyD, así como por el denunciante, que han aprovechado la notoriedad de las personas para hacer un juicio mediático paralelo en el que se ha distorsionado la realidad y convertido al que ha sido simplemente un acusado por un denunciante interesado, además en diligencias previas, en un condenado. De forma interesada se ha intentado confundir la situación de “imputado” con la situación de procesado y/o condenado».