24.891 solicitudes de dependencia desde 2008

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Desde la aprobación e implantación de la Ley de Dependencia, los Servicios Sociales Comunitarios –dependientes de la Diputación de Huelva- han atendido a unos 25.000 ciudadanos y ciudadanas de la provincia que solicitaban el reconocimiento de su grado y nivel de dependencia. Concretamente, desde mayo de 2007 hasta diciembre de 2011, se han tramitado un total de 24.891 solicitudes de reconocimiento de grado y nivel de dependencia y se han elaborado y presentado 13.746 informes sociales y Programas Individuales de Atención (PIAs).

De estos Programas Individuales de Atención, 5.087 son con propuesta de Servicio de Ayuda a Domicilio –también gestionado por Diputación, lo que supone más de un 37%. En concreto, en 2011 este Servicio de Ayuda a Domicilio atendió a 3.852 personas usuarias, de las que un 70% fueron mujeres y un 30% hombres.

Este servicio se viene prestando por cuatro empresas adjudicatarias, dos empresas públicas, Edia y Deconsa, y dos privadas, Clece y Sociedad Cooperativa de Ayuda a Domicilio de Moguer. El número total de auxiliares a domicilio de estas cuatro empresas –a finales de 2011- era de 1.334 titulares y 362 sustitutas.

Así, la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha subrayado que este Servicio se ha convertido en un gran yacimiento de empleo, ya que en junio de 2008 la cifra de auxiliares de ayuda a domicilio en la provincia era de 178, de forma que se ha multiplicado por ocho en los tres primeros años de implantación de la Ley. Además, ha insistido en que “se está prestando un servicio de calidad”, algo que demuestra el alto grado de satisfacción que muestran los usuarios y usuarias de la ayuda a domicilio.

Rocío Cárdenas ha recordado que los Servicios Sociales Comunitarios son los encargados de tramitar las solicitudes de reconocimiento de dependencia en los municipios menores de 20.000 habitantes. Además, ha precisado que también es competencia de estos Servicios Sociales Comunitarios la elaboración del Programa Individual de Atención y el seguimiento del mismo. De esta forma, una vez se valora y reconoce el grado de dependencia, se elabora el plan de atención en el que se recomienda el tipo de recursos más adecuado para el usuario o usuaria, como por ejemplo el Servicio de Ayuda a Domicilio, una prestación económica, los Centros de Día y de Noche o los recursos residenciales, entre otros.

No obstante, la diputada especifica que ambos procedimientos deberán ser resueltos por la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que es la responsable de conceder o no dicho grado de dependencia, así como el servicio o recurso al que tienen derecho estas personas reconocidas en situación de dependencia.

Según ha indicado, en esta apuesta de las administraciones públicas “el esfuerzo es compartido”, de manera que la Diputación tiene repartidos por todo el territorio provincial 44 trabajadores y trabajadoras sociales y la Junta refuerza estos equipos por ocho trabajadores sociales contratados por la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia. “En total, son 54 los profesionales los que acuden cada día a nuestros pueblos para que se pueda gestionar esta ley”, afirma Rocío Cárdenas. Estos profesionales cuentan con el apoyo de 18 auxiliares administrativos, de forma específica, más el personal de la red provincial de Servicios Sociales –directoras de los centros, psicólogos/as y educadores/as sociales-.

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