El Ayuntamiento de Almonte reclamará 443.200 euros a la Junta y a Formades

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Instalaciones municipales conveniadas con FORMADES.

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almonte solicitará en una moción que será llevada al pleno municipal, la reclamación a FORMADES (Centro Andaluz de Formación Ambiental para el Desarrollo Sostenible) y a la Junta de Andalucía de la deuda contraída con la institución municipal, que asciende a 443.200 euros. Del mismo modo, instará a ambas entidades a que abonen los pagos atrasados a los proveedores y que se regularicen los atrasos en el abono de las nóminas de todos los trabajadores del centro.

En opinión de los populares, se trata de otra administración dependiente de la Junta de Andalucía con un modelo de gestión que incumple sus obligaciones económicas, algo que ya pudo comprobarse en el Museo del Mundo Marino. Para justificar esta denuncia pública, recuerda que el 17 de junio de 2008 el Ayuntamiento de Almonte y el consorcio firmaron un convenio para el aprovechamiento por parte de FORMADES de los terrenos e instalaciones del Museo del Caballo en El Rocío. Figuran en sus cláusulas las condiciones y obligaciones de cada parte.

Según consta en la Tesorería del Ayuntamiento, la deuda contraída por FORMADES en concepto del canon por la concesión de las instalaciones municipales asciende a 443.200 euros, según lo estipulado en el convenio. El grupo municipal del Partido Popular ha expresado en numerosas ocasiones la necesidad de que se establezcan mecanismos de control para saber cuál era el destino real de las subvenciones, si contrataciones interesadas o los fines para los que se solicitaban. Se da, casualmente, la existencia de vínculos directos entre empleados del consorcio y el Partido Socialista Obrero Español.

En su exposición de motivos, razona que FORMADES es una entidad jurídica propia y está sujeta al derecho administrativo, dado su carácter de consorcio. Depende de la anteriormente llamada Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía y de la Mancomunidad de desarrollo del Entorno de Doñana, quienes motivaron su creación y aprobaron sus estatutos en 2002. En ellos, se las señala como las entidades a las que les corresponde la labor de fiscalización y control.

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