El alcalde de Almonte no descarta nuevos delitos en la compra del campo de golf en 2009 con Bella al frente de la Alcaldía

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Los tres responsables municipales, con el alcalde en el centro, en la rueda de la prensa.

El campo de golf Dunas de Doñana de Matalascañas ha acogido una rueda de prensa en la que se ha pormenorizado en torno a la denuncia por la vía penal presentada el 7 de marzo por el Ayuntamiento de Almonte en el juzgado de La Palma del Condado por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación contra el ex alcalde socialista Francisco Bella y doce de los concejales del PSOE que votaron afirmativamente a la compra de las instalaciones deportivas. Han participado el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez Iglesias, el primer teniente de alcalde, Alberto Mondaca y el portavoz del equipo de gobierno, José Joaquín de la Torre.

Según se ha señalado, es probable que tras las diligencias previas puedan encontrarse nuevos delitos. La denuncia se dirige también contra los vendedores del campo de golf, pertenecientes a la sociedad Exclusivas Doñana, S.L. En el resumen de los hechos, Alberto Mondaca ha recordado como el 14 de noviembre de 2008 el ex alcalde y la empresa firmaron un protocolo de adquisición del campo por un importe de 7,5 millones de euros. Ya en el pleno de 9 de abril se aprobó dicha compraventa, a cambio de catorce parcelas en El Rocío y 2,9 millones de euros. En la operación y según la denuncia, se habría incurrido en diferentes delitos con la intención de favorecer a determinados ciudadanos.

En opinión del alcalde, “ahora denunciamos estos hechos desde el gobierno, como anteriormente lo hicimos desde la oposición. Queremos revelar ante la ciudadanía un plan milimétricamente estructurado desde 1986, con una finalidad meramente urbanística y lucrativa, y no deportiva o turística. El equipo de gobierno que presido quiere jugar limpio y tenemos desde el pasado 11 de junio un compromiso con los ciudadanos de Almonte y con la verdad. Por tanto, debemos aclarar a la sociedad que es lo que se ha hecho con el dinero y el patrimonio de los vecinos”.

José Antonio Domínguez Iglesias ha señalado que la falta de rentabilidad de las instalaciones “suponía la crónica de una muerte anunciada” que sirvió de excusa a la municipalización llevada a cabo entonces. Al contrario y desde el equipo de gobierno actual, “nos hemos propuesto erradicar desmanes urbanísticos como este y de paso, terminar con las malas artes del PSOE. Los ciudadanos de Almonte piden explicaciones por estas y otras cuestiones y estamos en la tarea de sacarlas a la luz”.

A juicio del representante municipal, las presuntas irregularidades detectadas en este proceso administrativo no constituían un hecho aislado, sino que se practicaban de manera general. “Muchos otros procesos han seguido el mismo patrón que el de la compra del campo de golf. Ya se están estudiando y podemos avanzar que esta iniciativa judicial es solo el comienzo”, ha argumentado.

De otro lado, el alcalde ha reiterado su compromiso por el deporte, “pese a que una infraestructura de estas características le está costando mucho dinero a las arcas municipales”. En cualquier caso, ha elogiado labor del equipo técnico con que cuenta el complejo deportivo, “que merece nuestro total reconocimiento”.

Los hechos denunciados

El “particular” procedimiento administrativo contendría diversas irregularidades por las que podría declararse la nulidad de la compraventa. Así y en la argumentación expuesta por Alberto Mondaca, la firma del alcalde en el protocolo se realizó sin conocimiento del pleno, que tiene la soberanía en este aspecto. El importe de 7,5 millones de euros tampoco cuenta con la tasación de los técnicos municipales, por lo que parece que es el propio Francisco Bella quien habría determinado el precio sin ayuda pericial. Resulta especialmente llamativo que cinco meses después una empresa privada determinó el valor en 7.464.247 euros.

Por otra parte, en el documento de noviembre se cita el valor de las parcelas de El Rocío objeto de permuta “según el informe recientemente emitido por los técnicos municipales”. Sin embargo, el informe de valoración tiene fecha de 3 de diciembre, por lo que se tramitó 19 días después.

Con respecto a la votación en pleno del acuerdo el 9 de abril de 2009, sorprende que la compra se cierra en 7,5 millones de euros según el informe de una empresa privada. Sin embargo, la tasación del técnico municipal estima el valor del campo en 2,9 millones. El equipo de gobierno socialista de entonces adujo que a la estimación municipal le faltaba el valor del terreno, pero no se le solicitó y sí ese informe privado.

Dicha empresa tiene su domicilio en Sevilla y fue contratada por el secretario accidental de la corporación, recientemente imputado y citado por un presunto delito de negociaciones prohibidas. El Ayuntamiento conocerá, durante el proceso judicial ahora iniciado, el grado de cercanía de la entidad con el PSOE.

Existe una escritura de compraventa fechada en 2006 en la que la sociedad propietaria del campo, Exclusivas Doñana S.L., estima su valor en 3.040.000 euros. Una fecha en la que las instalaciones no tenían pérdidas, al contrario que durante la venta en 2009, cuando ya arrojaba un balance negativo de 500.000 euros anuales.

Un informe del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 29 de junio de 2009, tira por tierra el expediente administrativo del Ayuntamiento. En él, se argumenta que la adquisición de las instalaciones precisaba del informe técnico del Ayuntamiento y de que se acreditase el beneficio para el conjunto de la localidad y no de determinadas personas.

Finalmente, en la sesión plenaria de 7 de marzo de 2012, se ha dado inicio a la vía administrativa de este proceso con el fin de declarar nulos los acuerdos que permitieron la compra del campo y dejar en suspenso el pago a los vendedores establecido desde 2009 a 2015 por un importe de 428.000 euros anuales, hasta que el tribunal se pronuncie de manera definitiva.

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