Técnicos elaborarán un informe de las deficiencias de una barriada en Almonte

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Visita de concejales a la barriada de la Constitución en Almonte.

El concejal de Obras y Servicios, José Joaquín de la Torre, acompañado por el gerente de la Empresa Municipal de Viviendas de Almonte (EMVIAL), Eugenio Escolar, ha dirigido una visita a la asociación de vecinos Juan Ramón Jiménez de la Barriada de la Constitución. La intención era dar a conocer la moción aprobada en el pleno de marzo por la que se insta a la Junta de Andalucía y a EPSA a reparar los daños en los bloques –principalmente, cubiertas y saneamiento-, que acometa reformas para dotarlos de accesibilidad, y que se regule el régimen de tenencia a sus actuales inquilinos. Los inmuebles cuentan con más de veinticinco años de existencia.

En palabras del concejal, “tenemos la intención de comunicar a los vecinos nuestro interés porque se regularice a la mayor brevedad la problemática existente en estas viviendas”. La moción aprobada en el pleno del mes de marzo recuerda que la Barriada de la Constitución es un conjunto de 170 viviendas promovido por la Junta de Andalucía. En su mayoría, sus adjudicatarios lo son en régimen de alquiler protegido, dándose un número excepcional de casos de alquiler con opción a compra. En su día, las competencias pasaron a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA).

El Ayuntamiento va a poner al servicio de los ciudadanos a técnicos municipales que efectuarán una actualización de los datos que deseen aportar cada una de las familias que habitan las viviendas. “El objetivo es preparar un dossier detallado que pondremos en manos de la Junta, de manera que no pueda presentar como excusa que no dispone de inspectores o que desconocen el problema”, ha argumentado De la Torre.

Desde hace muchos años, los vecinos han demandado a la Delegación Provincial y a EPSA el necesario mantenimiento de las instalaciones. En este sentido, se han remitido desde EMVIAL diferentes partes de incidencias. Por otra parte, en 2008 se ejecutó un estudio que destacaba el envejecimiento de la población residente y la presencia de personas discapacitadas. De ahí se propuso la colocación de ascensores en los bloques, algo que la Junta se comprometió a estudiar. Sin embargo, el proyecto de ejecución encargado nunca vio la luz. También se ha solicitado la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos a los portales.

Paralelamente, es notorio el mal estado en el que se encuentran las cubiertas, con filtraciones que llegan a afectar a las viviendas. La última reparación, de carácter leve, se practicó hace diez años y desde entonces se ha retirado el mantenimiento bianual que es necesario hacer en la techumbre. Las humedades han alcanzado los pisos inferiores, las cajas de escalera, portales y bajos. Los saneamientos se hallan asimismo en una muy deficiente situación, con carencias incluso en el diseño y la ejecución de algunas reparaciones. Las lluvias provocan habitualmente atascos que comprometen las condiciones higiénicas de los inmuebles.

Otra falta evidente se encuentra en los exteriores, debido a que no se pinta desde hace una década, ni se mantienen las zonas comunes. En cualquier caso, la respuesta a esta situación desde la Junta de Andalucía ha sido el silencio.

Junto al capítulo de reformas, está la regularización de la situación de tenencia de las viviendas. En algunos casos, los residentes actuales no son los adjudicatarios. De ahí surgen toda una serie de problemas derivados de los contratos de suministros, la imposibilidad de empadronarse y la situación de inseguridad jurídica para los actuales inquilinos, que proceden a su vez de la falta de medidas de seguimiento por parte de la administración autonómica. A la inversa, también padecen consecuencias negativas aquellos que siguen figurando como adjudicatarios y no lo son desde hace tiempo, como en el caso de impagos.

El pleno de la corporación aprobó por unanimidad instar a la Junta de Andalucía y a EPSA a que acometan con urgencia las inversiones necesarias en los bloques, reparando además los daños en las viviendas afectadas; que retomen el proyecto de colocar ascensores y rampas de acceso a los inmuebles, así como compensar al Ayuntamiento por haber ejecutado ya algunas, ante la necesidad de los vecinos; finalmente, instar a la regularización del régimen de tenencia para con sus actuales inquilinos, con el fin de darles protección jurídica y que puedan cumplir con sus obligaciones.

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