Los votos de PSOE e IU sacan adelante el plan de ajuste de la Diputación Provincial

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José Martín -en el centro- junto a Sánchez Rufo -izquierda- y José Villa -derecha- en el transcurso del pleno orgánico de la Diputación. (Julián Pérez).

José Martín -en el centro- junto a Sánchez Rufo -izquierda- y José Villa -derecha- en el transcurso del pleno orgánico de la Diputación. (Julián Pérez).

Hasta 15 millones de euros piensa ahorrar la Diputación Provincial de Huelva con el plan de ajuste al que ha dado luz verde este viernes, con los votos favorables de PSOE e IU y la abstención del Partido Popular. El plan no contempla despidos de trabajadores y tampoco la reducción de jornada.

El portavoz del equipo de gobierno, José Martín, ha defendido el plan presentado porque es de los menos agresivos de los que se van a aprobar por entidades locales en la provincia de Huelva, ya que la mayor parte del ahorro vendrá dado por aumentos en los ingresos del tratamiento de los residuos (unos 800.000 euros) y por el ahorro en alquileres de edificios, una medida que ya había sido anunciada por el presidente, Ignacio Caraballo. Por este ultimo concepto el ahorro será de 900.000 euros.

Desde el Partido Popular se ha criticado el plan presentado, aunque se ha valorado de manera positiva la medida puesta en marcha por el Gobierno, con el fin de que las pequeñas y medianas empresas proveedoras de la Diputación puedan cobrar la deuda con ellas acumulada, lo que va a redundar en el mantenimiento de su actividad y en la salvación de muchos puestos de trabajo.

El portavoz de IU, Rafael Sánchez Rufo, al igual que ha hecho el portavoz socialista, ha criticado que se vaya a cobrar un 5% de interés por parte de los bancos cuando a éstos el Banco Central Europeo les está entregando el dinero sólo al 1%. Además, ha alertado de la situación crítica que viven muchos ayuntamientos de la provinciaha matizado que este decreto ley “no tiene consecuencias negativas” para la Diputación porque con un remanente positivo en los presupuestos “no obliga a la aplicación de un plan de ajuste duro”, no obstante ha manifestado que sí tendrá consecuencias negativas para las administraciones locales donde “está creando problemas importantes”.

Sánchez Rufo ve “necesario” abordar el problema de las deudas de las instituciones con los proveedores, pero con esta medida, según ha incidido, “quien gana es la banca y pierden los empleados municipales y la mayoría social, que van a sufrir una merma en la calidad de sus servicios e incremento de los impuestos”. Por lo que cree que es “una solución errónea a un problema real”, ya que lo ideal a su juicio sería abordar la situación desde “instrumentos de financiación pública que no mermen la calidad de los servicios ni los derechos laborales”.

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