La sección sindical de Comisiones Obreras en la RTVA nos ha remitido el siguiente artículo para su difusión con motivo de la celebración del Día Internacional de la Libertad de Prensa:
«El individuo precisa de ojos y oídos colectivos para saber qué ocurre más allá de su entorno próximo. Ese es el papel legal, como servicio público, de los medios de comunicación, independientemente de su titularidad pública o privada. En la medida que estos «órganos no biológicos» estén sanos y sean fiables, así será su valor, y así condicionarán nuestra percepción de la realidad y con ello nuestra libertad de pensamiento. Porque cuando se controla la información, la opinión puede ser dirigida, y la sociedad manejada.
Ocurre que los medios de comunicación salen caros, y habitualmente resultan ruinosos. Solamente aquellos para quienes el dinero no suponga un problema pueden arriesgar en ello. Eso sí, persiguiendo un doble objetivo por lo general nada altruista: influencia y negocio. Influencia para manejarnos a su antojo, acabando con toda disidencia y resistencia, y negocio en la medida de lo posible, para que el invento pueda sostenerse.
Por eso tantos patronos de la comunicación y sus socios políticos quieren acabar con las radiotelevisiones públicas: necesitan reducir competencia en el negocio, y persiguen monopolizar el relato de la realidad.
Y hay una tercera razón. En un sector laboral precario y desregulado donde los haya, muchos conglomerados periodísticos procuran para sus trabajadores inseguridad, bajos salarios y explotación laboral. De este modo, a la par que «economizan» en sus cuentas, se aseguran periodistas más dóciles y manejables a la hora de condicionar su labor. Por ello, no es raro que esos patronos vivan como una amenaza que sus empleados tengan como referente a las radiotelevisiones públicas, donde las condiciones laborales son mejores, el miedo menor, y por tanto sus profesionales resultan menos «dirigibles».
Los medios de comunicación públicos, aún maltratados por la utilización bastarda que de ellos hacen las sucesivas familias políticas que pretenden su control, ofrecen al ciudadano alguna garantía en cuanto a calidad de información que otros no pueden: están sujetos a control parlamentario, son bastante respetuosos en el cumplimiento de las leyes, y cuentan con muchos profesionales que han probado su valía opositando, y que a veces pueden y saben decir «no» a las consignas de sus jefes, algo complicado en los medios privados.
Por ello en tiempo de crisis aún es más necesario que nunca contar con radios y televisiones públicas potentes que puedan escapar a la servidumbre pura y dura de los amos. Es obligación de los poderes públicos y de sus mediadores, los partidos políticos, garantizar el acceso a la información veraz y plural a toda la ciudadanía, comprometiéndose a defender y asegurar estos medios con los recursos que sean precisos .
A la ciudadanía nos toca que, a la par que apoyarlos, exijamos su utilidad, independencia y calidad. Precisamente, porque son nuestros, de todos».
