Después de años de trámites y estudios – la tramitación del proyecto comenzó en 1995 -, las obras de la presa de Alcolea tienen expediente completo y proyecto de obra aprobado, además de presupuesto. Solo falta la firma en la orden de comienzo por parte del Ministro de Agricultura, a quien Asaja-Huelva ha enviado un escrito recordándole que es promesa electoral y emplazándolo a un encuentro.

La construcción de la Presa de Alcolea es uno de los procesos más largos de la historia de las infraestructuras en nuestro país y como suele ser tristemente habitual, es la provincia de Huelva la que sale malparada por la desidia y los incumplimientos reiterados de la clase política. En las numerosas campañas electorales que ha vivido España durante el curso 2011/2012 (tres citas: municipales, generales y autonómicas) se nos ha vuelto a plantear la eterna promesa de la construcción de esta infraestructura hidráulica vital para el desarrollo de uno de los pocos sectores que no sólo está resistiendo los embates de la crisis económica, sino que continúa creando empleo a pesar de ella: el sector agroalimentario; y por supuesto, para garantizar el abastecimiento de agua para consumo a la población onubense en futuras épocas de sequía.

Asaja-Huelva exige que se acometan de una vez unas obras que tienen expediente completo, proyecto de obra aprobado, y lo más importante si cabe: presupuesto. Y para ello, se ha puesto en contacto con el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para recordarle por escrito el estado de esta infraestructura, paralizada sin motivo alguno.

Un proceso interminable marcado por una sucesión de retrasos injustificados al que Asaja-Huelva exige que se ponga fin de una vez por todas. En su escrito, la organización explica a Arias Cañete que esta infraestructura propiciaría la puesta en marcha de más de 20.000 hectáreas de regadío en una de las zonas más deprimidas económicamente de todo el país, amén de la creación de un buen número puestos de trabajo directos, durante la construcción de la presa y su mantenimiento, e indirectos, en sectores que despuntarían a raíz de su existencia, además de la garantía de abastecimiento de la que podría disfrutar toda la ciudadanía onubense.

Le pide al ministro, por tanto, que “dada la magnitud de los intereses en juego y la gran preocupación e inquietud que en el seno del sector agrario de Huelva genera este asunto, sirva la presente para instarle a acometer, desde ese su Ministerio, actuaciones encaminadas a desbloquear definitivamente el proyecto de construcción de la presa de Alcolea y a permitir el inminente inicio de las obras necesarias para su puesta en marcha. Asaja se ofrece a mantener un encuentro con el ministro con el fin de tratar este asunto vital para la economía de Huelva y que supone, después de tantos años, una de las mayores deudas del Estado español con la provincia de Huelva.

El escrito ha sido enviado también al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González y Fátima Báñez, ministra onubense de Empleo que durante la campaña electoral se comprometió especialmente con la resolución del proceso.

Un proyecto eterno

La tramitación del proyecto de construcción de la presa de Alcolea data del año 1995 y el proceso es tan enrevesado como, en ocasiones, dantesco. En el año 2000, hace ya más de una década, la Secretaría General de Medio Ambiente formuló una resolución positiva de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las obras, sobre cuya vigencia realizó consulta Hidroguadiana en el año 2007. La respuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) fue clara: la Declaración de Impacto Ambiental de la Presa de Alcolea no caduca, por lo que Hidroguadiana procedió a licitar las obras en el año 2008.

Una modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental provoca que la Dirección General del Agua, que ya había aprobado el expediente de información pública y el proyecto de las obras, deba hacer una nueva consulta a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, sobre si se han producido cambios esenciales en los elementos que sirvieron de base para realizar la declaración de impacto ambiental, consulta que efectivamente se realiza en marzo de 2011. Para ello, la DGCEA pide informes a los distintos organismos implicados en el proceso, a saber, la Dirección General del Agua y la Agencia Andaluza del Agua, que informan puntualmente de que no se han producido cambios en los elementos que sirvieron de base para elaborar la evaluación de impacto ambiental. Pero aún así, en septiembre de este año, la DGCEA se deja llevar por las presiones recibidas desde ciertos sectores ‘ecologistas’ y, saltándose el plazo de 60 días que la normativa establece para dirimir este tipo de consultas, vuelve a paralizar el proyecto con la supuesta intención de encargar nuevos estudios sobre una calidad del agua que ya ha quedado sobradamente estudiada y probada y que no es el objeto de la consulta que se le hace desde la Dirección General del Agua.

Como consecuencia, el inicio de las expropiaciones con las que se daría comienzo, por fin, a las obras de la Presa de Alcolea, anunciadas a bombo y platillo por la antigua ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, el pasado mes de marzo de 2011, no han llegado siquiera a producirse.