El sindicato CSI-F, como una de las organizaciones convocantes de la huelga en la enseñanza pública, ha mostrado su satisfacción por la respuesta del profesorado ante los recortes en educación haciendo pública su preocupación por las graves consecuencias de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno central del Partido Popular y del Ejecutivo andaluz de coalición PSOE-IU.
En cuanto a los datos de seguimiento del paro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha cifrado en un 80% el personal docente que ha secundado la huelga, con un respaldo del 70% en los niveles no universitarios y en más de un 90% en la Universidad de Huelva. Por ello, el sindicato cree que la huelga ha servido para hacer recapacitar al Gobierno ya que la mayoría del profesorado de ha movilizado.
Según CSI-F, “si algo necesita nuestra educación es una mayor inversión y no más recortes pues estamos por debajo de la media de los países de nuestro entorno”. De esta forma, el sindicato advierte que “no saldremos de los últimos lugares en cuanto a índices de abandono y de fracaso escolar mientras el Gobierno siga reduciendo los presupuestos de educación tanto en el Ministerio como en las comunidades autónomas”.
CSI-F recalca que estas medidas recaudatorias supondrán el deterioro de la educación pública y de las condiciones laborales de los profesores, que verán cómo se les asignan nuevas funciones y responsabilidades a cambio de reducirles el salario y de cuestionar su trabajo en su doble condición de docente y de empleado público. Para esta Central Sindical, “nadie puede creer que aumentando el número de alumnos por aula, reduciendo profesores y programas educativos, apoyos y refuerzos, la educación vaya a mejorar”.
Por todo ello, CSI-F exige que se paralicen “de forma inmediata” estas medidas y aboga por un Pacto de Estado por la educación que impida los ataques y fortalezca el sistema educativo. De la misma forma, pide la apertura de la Mesa Sectorial para negociar el Estatuto docente que regule los derechos y deberes de los profesores y las competencias estatales: acceso a la función pública docente, promoción y carrera profesional, jornada y movilidad y jubilación y clases pasivas.
