No hay duda de que a Chamizo no le falta razón al decir a los parlamentarios andaluces que la gente está ‘hasta el gorro’ de ellos, o sea, de los políticos. Lo sabemos, lo sentimos, lo escuchamos en las calles y en cualquier lugar en el que los ciudadanos hablan de la actual situación. No es sólo el abuso que supone la cantidad de políticos, de cargos de confianza, de asesores y de otros gastos en recursos humanos que nuestras administraciones más que duplicadas poseen, sino la desfachatez con la que tantos administradores han llevado a sus familiares y amigos a empresas públicas, a agencias del tipo que sea y a otras entidades públicas o contratadas. Andalucía es un claro ejemplo de la situación, pero el mal está más que generalizado.

Si he defendido a través del tiempo que el sistema (el régimen) es corruptible y está corrompido, es porque es algo más que evidente y conocemos noticias días sí y día también. Pensar que desde esa misma telaraña de poder llegue la solución, no deja de ser una entelequia porque, hasta aquí, el legislador no ha dispuesto medidas que hagan difícil el mal uso del dinero público por parte del responsable político y, mucho menos, su persecución una vez cometido el quebrantamiento de la confianza social y de esa legalidad.

La desaparición voluntaria de las últimas cortes franquistas no pudo ser simple altruismo ni cheque en blanco. Aquellos representantes de los tercios del régimen ilegítimo se fueron con la seguridad de que lo que había sido un sistema personalista del general Franco y en el que el Movimiento era núcleo esencial, no desaparecía plenamente, sino más bien se reformaba. Sabemos cuántos miembros de aquel Movimiento (falangistas nacional sindicalistas y otros), pasaron a las organizaciones políticas emergentes y cómo han venido ocupando las alcaldías y otros cargos a lo largo del período posfranquista en las filas de los partidos mayoritarios.

La constitución del 78 es fruto del pacto entre el sistema que cedía y el que llegaba, entre los representantes reformistas del primero y los miembros de la oposición que cedió ante aquel reformismo. Ahí vinieron las ambigüedades, la consagración sin debate de la monarquía que Franco había impuesto, las dificultades del título octavo que iba dejando el desarrollo autonómico a la deriva y sin clara conclusión y, desde luego, la posibilidad de que los políticos pudieran legislar sin control de sus propios actos.

Por otra parte, la desembocadura de aquella nueva ‘Restauración’ fue la oligarquía partidista, según la cual la soberanía la ejercen los líderes de los partidos mayoritarios. En el Parlamento no existe un debate real que pueda promover cambios desde la misma sociedad, lo que además está impedido por la ausencia de listas abiertas y la imposibilidad de que surjan formaciones alternativas capaces de participar en ese debate conducente a transformaciones reales en el Estado. ¡Cómo no va a estar la población hasta el gorro de sus políticos! Dichos políticos se han convertido en hombres y mujeres que hacen de la política una profesión con la que ganarse la vida fácilmente, por lo general remunerados en exceso y que olvidan las necesidades de los ciudadanos de quienes viven tan plácidamente.