La Junta de Personal Docente no Universitario de la Delegación provincial de Huelva ha mostrado a través de un comunicado su firme oposición a «la aplicación del RD Ley 14/2012, que el Gobierno central aprobó el pasado 20 de abril, sobre medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo como al Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía para el periodo 2012-14».La Junta de Personal, integrada por los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, ANPE, USTEA y PIENSA, exige «la derogación inmediata del RD 14/2012 sobre medidas de racionalización de gasto público en el ámbito educativo. La retirada del Plan económico y financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía y la negociación de todas las medidas que afecten tanto a los docentes (y a los trabajadores públicos en general) como al sistema educativo público andaluz.

TEXTO COMPLETO DE LA NOTA DE LA JUNTA DE PERSONAL

La decisión adoptada por el Gobierno de España de recortar el gasto educativo, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de empleo público, están dinamitando la educación y la sanidad públicas y destruyendo día a día el Estado del Bienestar, que, aún de forma insuficiente, se ha ido construyendo en España y Andalucía en las últimas décadas.

Los recortes impuestos desde el gobierno central y su aplicación desde el autonómico, suponen en la educación pública andaluza no solo el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado y del personal laboral, sino también el deterioro de los servicios y la atención que dispensa el sistema educativo. Las medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo) van a suponer de forma obligatoria un incremento de las horas lectivas para el profesorado destinado en centros de Secundaria, que pasará de 18 a 20 horas lectivas. Según ha reconocido la propia Consejería de Educación, provocará que cerca de 4800 docentes interinos se vayan al paro, entre 350 y 400 en el caso de Huelva. Como consecuencia y en aplicación de esta dura medida, miles de docentes se verán forzados a ser desplazados de su centro, o tener que compartir centro o, en el peor casos, a ser reconvertidos en profesores itinerantes. Además se verán obligados a impartir más asignaturas afines. En un plazo muy corto, miles de plazas de las plantillas de los centros se irán suprimiendo como consecuencia de esta medida. Al incrementarse las horas lectivas, consecuentemente, se procederá a tener que suprimir la mayoría de los desdobles y apoyos en los centros educativos.

El aumento de alumnado por aula y la supresión de programas de refuerzo y atención a la diversidad deterioran gravemente la atención educativa individualizada dentro de la escuela. Todo ello se verá agravado con la posible restricción de la oferta de modalidades de bachillerato y la desarticulación de la actual Formación Profesional.

Además con la aplicación del Real Decreto no se cubrirán sustituciones para las ausencias del profesorado para periodos inferiores a dos semanas. Esta medida supondrá que miles de alumnos y alumnas no tendrán profesores/as especialistas durante este periodo de tiempo, al no sustituir al profesorado con ausencias inferiores a dos semanas. El resto del profesorado, al habérsele incrementado el número de horas lectivas, dispondrá de menos tiempo para poder cubrir ausencias, lo que llevará en, muchos casos, a tener que reagrupar varios grupos en un aula. Esto va a suponer además que miles de docentes interinos se verán abocados al paro irremediablemente. Si a esto, le añadimos la congelación de la oferta de empleo público, la situación de este colectivo es aún más dramática, si cabe.

La decisión del Gobierno Central de paralizar las oposiciones docentes en Andalucía mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional es contraria a las necesidades de la educación andaluza y provocará una menor atención educativa cerrando las expectativas laborales a mucho profesorado andaluz. Se está condenando al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a las generaciones de los jóvenes andaluces mejor formados en las universidades y centros educativos de toda nuestra Historia. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la mayor riqueza de nuestro país, su población joven.

El Gobierno Central sistemáticamente viene adoptando medidas que suponen una fuerte reducción del gasto en políticas compensadoras de desigualdades. El resultado es evidente, cada vez estamos peor: menos Estado y más Mercado. Y ese no es el camino.

Por su parte, el Gobierno Andaluz, con las recientes medidas para alcanzar el llamado “reequilibrio presupuestario”, puede igualmente dañar este modelo social. A las medidas recogidas en el RD 14/2012 se podrían añadir las que competen a la Consejería de Educación, anunciadas en el Plan Económico y Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía para el periodo 2012-14, aún pendiente de concreción normativa. De llevarse a cabo, esto se puede traducir en reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones, como los complementos en situación de baja por enfermedad, despidos de profesorado interino, etc. Todo ello va a provocar en Andalucía una brutal pérdida de calidad de la enseñanza pública, cuestión que la comunidad educativa no quiere ni puede aceptar.

El citado Plan significa la eliminación, entre otras medidas adicionales, del Plan de Acción Social que supone la supresión en Andalucía de ayudas a gastos médicos, ayudas a la compra de vivienda, ayudas al alquiler o los anticipos reintegrables, así como la supresión de planes y programas educativos en los centros.

Ello supone además una nueva bajada retributiva en las pagas extras, sumada a las que hizo el gobierno central en el año 2010, a la subida del IPC y al incremento del IRPF de 2012. Ello provoca que los docentes andaluces acumulemos una pérdida de poder adquisitivo, sólo en los tres últimos años, superior al 21%.

Ni los años de bonanza ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicar a los trabajadores y trabajadoras de la educación, ni el empeoramiento de las condiciones laborales, que además van a impedir que los/as nuevos/as universitarios/as titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público andaluz.

Todo ello va a provocar en Andalucía una brutal pérdida de calidad de la enseñanza pública cuestión que la comunidad educativa no quiere ni puede aceptar.

Es la enseñanza pública la que asegura la escolarización de toda la población allá donde esté. Actualmente la enseñanza pública es la única que llega a todos los rincones de Andalucía, desde las grandes áreas metropolitanas hasta el pueblo más aislado, desde el centro de las ciudades hasta sus barrios más alejados, es decir, a muchos lugares donde nunca será lucrativo para la iniciativa empresarial privada.

La enseñanza pública acoge a todo el alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa. Ha impulsado el avance de Andalucía en esta última etapa histórica y ha sido clave de nuestro contrato social: la mejor garantía del derecho constitucional a la educación. En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.

Consideramos que los servicios públicos de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Defendemos la gestión pública directa como mejor fórmula para procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, a la educación y a la atención social. Creemos que el gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, además de la sanitaria y del resto de servicios sociales, es la mejor inversión que las administraciones públicas andaluzas pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.