Los sindicatos integrantes de la Plataforma Sindical en Defensa de la Justicia en Andalucía se han concentrado esta mañana del miércoles desde las 12,00 horas ante la Sede Judicial, situada en la Alameda Sundheim, para protestar contra los recortes que se están llevando a cabo a nivel autonómico y estatal, contra el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la justicia andaluza.
La FSP UGT Huelva ha destacado «el grave atentado al Estado social y democrático de Derecho que están suponiendo las políticas de recortes llevadas a cabo por el gobierno central», y las presentadas por «el Gobierno de la Junta de Andalucía y como la situación de crisis económica está deteriorando, aún más, un servicio público esencial para la defensa de los derechos ciudadanos». Este sistema, el judicial, históricamente está saturado por falta de inversiones en medios materiales y humanos y actualmente colapsado por el aumento de litigios a causa de la crisis».
La plataforma de empleados públicos de este sector muestra el más absoluto rechazo a las tasas Judiciales, copago, en todas las jurisdicciones, las Consignaciones para apelar especialmente en la jurisdicción social y contenciosa, la reducción de partidos judiciales, la paralización y creación de nuevos órganos judiciales, la congelación de la Oferta de Empleo Público, la destrucción de puestos de trabajo, mediante la no cobertura de plazas vacante y el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de justicia, ampliación de horarios sin más personal y graves recortes en derechos y salarios, aplicados únicamente a los cuerpos inferiores, excluyendo a Jueces, Fiscales y Secretarios.
La Plataforma de empleados públicos entre la que se encuentra UGT invita a todos los trabajadores de justicia a participar en las concentraciones que tendrán lugar durante todos los miércoles en las puertas de Justicia y a la ciudanía en general para que defiendan un servicio público de justicia de calidad y que por supuesto, nunca podrá darse con la merma de derechos y pérdidas de puestos de trabajo en el sector público.