Todos los procesados por su presunta pertenencia a una organización criminal que funcionaba como una agencia de servicios para bandas de narcotraficantes, a las que supuestamente despejaban el camino para el desembarco de la droga en la Costa de Huelva ofreciendo garantías de seguridad, ya se encuentran en libertad, según publica El Mundo.es en una información firmada por la periodista María Carmona.

En total son 12 los acusados, algunos de los cuales llevaban dos años en prisión, los que ahora han salido a la calle tras aceptar el juez la petición de libertad que hicieron los letrados, según consta en la noticia publicada por El Mundo.es.

Los procesados estarán en libertad al menos hasta que se dicte sentencia, algo que podría ocurrir en dos semanas, aunque los letrados de la defensa esperan que el tribunal tome en consideración la anulación del proceso por entender que se han vulnerado derechos fundamentales de sus acusados, un alegato que se sustenta entre otros extremos en la invalidez de las escuchas obtenidas como consecuencia de la intervención de los teléfonos de los acusados.

Los trece acusados que han quedado en libertad se enfrentaban a una petición de condena por parte de la acusación pública que suma más de 98 años de cárcel.

Los miembros de la red que se han sentado en el banquillo por asociación ilícita, tenencia de armas o blanqueo de capitales procedente del narcotráfico (implicaciones en distintos grados) fueron detenidos en dos fases, entre finales de 2010 y abril de 2011, en el marco de la denominada Operación Mecánico, desarrollada por la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional de Huelva. El operativo fue coordinado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ayamonte y participaron además la Guardia Civil y la Fiscalía Antidroga.

Los integrantes de la organización están acusados de sabotear durante las Navidades de 2010 las instalaciones que el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) tiene en la zona de Lepe (llegaron a tirotearla y destrozarla parcialmente) precisamente para conseguir una zona muerta en los ojos de los vigías electrónicos que el SIVE tiene en la Costa occidental para frenar la entrada de droga en el país con la provincia onubense como puerta de entrada.

La investigación sacó a luz que el grupo consiguió instalar dispositivos electrónicos de localización (balizas) en vehículos de la Guardia Civil de puestos costeros -El Rompido, Cartaya y Punta Umbría- y que utilizaba terminales de transmisiones de los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que eran «extraviados» los días de los alijos y con los que la organización estaba al tanto de los avisos realizados por la sala de operaciones de Guardia Civil. Estos dispositivos de localización se detectaron tanto en las patrulleras de Guardia Civil como en las del Servicio de Vigilancia Aduanera, con los que controlaban en todo momento su ubicación y movimientos.