(Firma: María del Mar Serrano. Secretaria de Mujer de UGT Huelva)
Desde este espacio mediático y en nombre de todos mis compañeros y compañeras del sindicato, quiero expresar mi repulsa por el asesinato de cada una de las 41 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año, de las cuales seis eran de Andalucía. En UGT creemos firmemente que es imprescindible un mayor y más contundente compromiso de los poderes públicos, administraciones e instituciones, así como de la sociedad en su conjunto, para la eliminación de esta lacra social que tiene sus raíces en la desigualdad de las relaciones de poder entre mujeres y hombres.
Desde aquí quiero denunciar los efectos perniciosos del fracaso de una política gubernamental que precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas, incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación de las cargas familiares. Una política gubernamental que no sólo recorta drásticamente prestaciones en materia de violencia de género en torno al 7% del presupuesto del año anterior, sino que orienta un cambio ideológico hacia posturas ancestrales, lo que supone un retroceso de derechos tan duramente conquistados en las últimas décadas. En definitiva, unas políticas que impedirán la defensa de las mujeres víctimas de la violencia machista con bajo poder adquisitivo ante el maltratador por la subida injusta de las tasas judiciales.
Está claro que debido a la influencia de la crisis hay menos denuncias por violencia machista. La disminución de estas denuncias se debe en la mayoría de los casos a la inseguridad económica en las que se encuentran las víctimas. En un entorno laboral de inseguridad total, la víctima tiene respuesta jurídica gracias a la Ley de protección integral contra la violencia de género, pero no tiene posibilidad de independencia económica al no poder acceder a un mercado de trabajo que le garantice una estabilidad laboral.
En la mayoría de los casos, según el informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2011, las víctimas no presentaron denuncias y tenían una relación presente con el agresor. De hecho, el 72.5% de las víctimas mortales mantenían la convivencia o relación afectiva con su presunto agresor en el momento de la muerte. Es evidente que actualmente la falta de denuncia tiene una clara relación de vínculo económico, y que el contexto laboral es un detonante importante para luchar contra esta lacra social.
En estos momentos de crisis económica, es necesario reforzar la implicación de la defensa de las mujeres víctimas de la violencia desde todos los ámbitos, pero sobre todo en la intervención sindical, la formación y la sensibilización. Solo así lograremos una sociedad más justa y en igualdad de condiciones
