El alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, mantendrá este lunes una decisiva reunión con el Comité de Empresa del Ayuntamiento para buscar una solución y mantener los 17 empleos públicos que se ha visto obligado a reducir en cumplimiento del plan de ajuste municipal. En el encuentro, donde también estarán presentes la interventora y el asesor jurídico, Polo parte con una sola premisa: la reducción de 600.000 euros de la actual masa salarial del Consistorio debe ejecutarse y es innegociable.

Fuentes municipales han informado a HuelvaYa.es que el alcalde ha tendido la mano una vez más al Comité de Empresa siendo consciente del problema que para los empleados municipales supone la extinción de sus contratos. Sin embargo, mantiene que hoy por hoy exclusivamente se puede contemplar el cumplimiento del plan de ajuste, por lo que la disminución de los costes de personal tendría que llegar por otro camino como el de la reducción de los salarios en caso que no se lleven a cabo los despidos.

En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que desde el Ayuntamiento se ha hecho un gran esfuerzo para intentar ajustar al máximo las cantidades a reducir. Hasta el punto de que se ha pasado de 1.183.000 euros a 600.000, pero que esta última cantidad es absolutamente inamovible.

De no aplicar el plan de ajuste afirman que el Ayuntamiento estaría abocado a una complicadísima situación económica y, además, el alcalde cometería un delito ya que su cumplimiento es obligado.

Ante esta situación, el alcalde espera que el Comité de Empresa sea consciente del estado de las cosas y avance hacia soluciones que supongan una salida positiva tanto para el Ayuntamiento como para los trabajadores que se han visto afectados por la extinción de sus contratos.

Actualmente el Ayuntamiento de Cartaya cuenta con 231 empleados y la reducción de trabajadores acometida es de 17. Las fuentes que han informado a HuelvaYa.es han querido dejar claro que los nombres de las personas incluidas en la extinción laboral han sido propuestos por la asesoría jurídica con el objetivo de cumplir el plan de ajuste y que en ningún caso se han tenido en cuenta, tal como denuncia el PSOE, motivaciones políticas o de cualquier otra índole.