«Nuevamente escudándose en la crisis económica y en los recortes que se imponen desde el Gobierno central, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Isla Cristina (PSOE-PA) ha eliminado, sin consultar ni negociar con los sindicatos, las convocatorias de 10 plazas por concurso-oposición para funcionarizar a personal interino», según informa el sindicato CSIF en un comunicado de prensa.
CSI-F ha explicado que estas plazas eliminadas no suponían ningún coste para la corporación al estar ya presupuestadas y ser ocupadas por los trabajadores del propio Ayuntamiento que cumplieran los requisitos exigidos en el concurso-oposición, cuyo objetivo era funcionarizar a diez interinos. En definitiva, se trataba de un proceso que garantizaba el mantenimiento del empleo y aseguraba la fijeza a este personal.
Para CSI-F ésta es la clave del problema y demuestra que el equipo de Gobierno continua con su política de empleo precario como método de coacción (los trabajadores no tienen asegurado sus puestos de trabajo); además, vaticina que el siguiente paso podría ser la amortización de las plazas con los consiguientes despidos sin ninguna indemnización.
Paradójicamente, la corporación no ha eliminado 3 plazas de policías que actualmente están presupuestadas “reservándose el derecho a reanudarlas en un momento más oportuno y muy posiblemente con fines favoritistas o para pagar alguna promesa política”, denuncia la Central Sindical.
Gastos innecesarios
Por otra parte, la propia anulación de las plazas le ha supuesto al Ayuntamiento en torno a 5.000 euros en publicaciones en los boletines oficiales; “un elevado coste que se ha derrochado inútilmente con cargo a las arcas municipales o lo que es lo mismo, al pueblo isleño”.
En cuanto a los pagos a los trabajadores, CSI-F recuerda finalmente que aunque actualmente están al corriente de la nómina (la última se abonó el día 18) todos los meses se crea incertidumbre entre la plantilla ya que se ha convertido en una tónica habitual ingresar tan solo el 50% dejando la otra mitad pendiente sin fecha fija. A todo esto se suma la deuda contraída con los empleados municipales y que, en el caso de los funcionarios, asciende a 286.000 euros en atrasos y ayudas sociales.
