El Ministerio de Economía y Competitividad, en su ascendente progresión de destrucción de todo el tejido social, ha anunciado la inminente aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Servicios Profesionales, para su posterior tramitación por las Cortes Generales que, una vez más, se comportará en la forma propiciada por el rodillo de la mayoría absoluta.

La aprobación y posterior promulgación de esta Ley, va a suponer, con toda seguridad, una gran conmoción en la situación de un considerable número de titulados que ejercen sus respectivas profesiones en condiciones de gran precariedad debido a la crisis económica y afectará igualmente a la supervivencia de los Colegios Profesionales, llamados a desaparecer por falta de recursos o por decisión gubernamental, que conducirá inexorablemente al incremento del paro oficial y la total inactividad forzada de muchos de estos profesionales, que si fueran computados como auténticos desempleados, su número total alcanzaría los seis millones de verdaderos “parados”.

Según se desprende de los parámetros generales de dicho proyecto legal, la adscripción a gran parte de estos Colegios Profesionales, dejará de ser obligatoria, lo que conllevará la muerte por inanición de un gran número de estas Corporaciones de Derecho Público, cuya importante función social está expresamente reconocida en la Constitución Española y respaldada por la última reforma de su Ley reguladora, que establece la obligatoriedad de un servicio de atención a los usuarios y consumidores.

Pero, además, se pretende la drástica reducción de los Colegios, desapareciendo los que tengan un ámbito territorial provincial, salvo algunas excepciones, no concretadas en la información facilitada sobre el contenido del proyecto legal, dejando subsistente un solo Colegio de cada profesión en cada Comunidad Autónoma.

Por último, se modifica o suprime la reserva de actividad de algunas profesiones, equiparando la competencia profesional de Arquitectos e Ingenieros, pudiendo éstos últimos redactar proyectos de edificios residenciales que, hasta ahora, era competencia exclusiva de los Arquitectos, y se suprime la incompatibilidad entre Abogados y Procuradores de los Tribunales, pudiendo desarrollar los primeros las funciones tradicionalmente encomendadas a los Procuradores, que supondrá la práctica desaparición de esta profesión.

Y todo ello para conseguir, a largo plazo, un supuesto impulso del consumo y la inversión, un fomento del empleo y una mejora de la productividad, que el tiempo se encargará de desmentir, que desembocará, por otra parte, en la desaparición, por falta de alumnado, de muchas facultades y escuelas universitarias, lo que generará, a su vez, más desempleados, en una espiral muy peligrosa para la paz social.

En definitiva, los profesionales liberales y los estudiantes universitarios van a recibir, sin saberlo, un envenenado regalo de reyes con efecto retardado, para conseguir lo que muchos políticos pretenden: destruir cuantas instituciones no puedan controlar, sin sopesar las graves consecuencias que puedan derivarse de estas medidas, que generarán una mayor contestación e inestabilidad social, muy difícil de reconducir. Ojalá estas predicciones no se confirmen.

(Fernando Vergel Araujo es vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva)