El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Fiscal, ha señalado que “la Ley de Participación Ciudadana es uno de los compromisos alcanzados por las formaciones políticas que sostienen al Gobierno andaluz y un objetivo incardinado en el artículo 30 de nuestro Estatuto de Autonomía”. Así lo ha afirmado durante la presentación esta mañana del miércoles, junto al responsable de la Oficina de la Vicepresidencia, Francisco Javier Camacho, acompañados de la coordinadora provincial de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, Rebeca Martín, de los Encuentros comarcales en los que se recogerá propuestas y sugerencias para la elaboración de esta norma.

Estos encuentros permitirán incorporar a la Ley, las aportaciones de or-ganizaciones y ciudadanos interesados en contribuir en la redacción de una norma que se está haciendo de abajo arriba, sin borradores previos.

El compromiso del Gobierno andaluz es “escuchar a la ciudadanía y hacer propuestas para abrir más la democracia”, ha añadido el delegado. De ahí que se hayan organizado jornadas comarcales específicas sobre esta Ley en los municipios de Bollullos Par del Condado, Huelva, Aracena, Cortegana, Villanueva de los Castillejos y Zalamea la Real. A estos foros de debate podría sumarse alguno más.

Por su parte, el responsable de la Oficina de la Vicepresidencia ha incidido en que el objetivo de los encuentros es hacer una “ley de participa-ción con participación”. Así, ha repasado algunas de las conclusiones que ya se pueden observar de los primeros contactos mantenidos con ciudadanos y colectivos.

Entre éstas se observa la “quiebra de la confianza en la actual democra-cia representativa y la necesidad de habilitar cauces de participación y comu-nicación entre gobernantes y ciudadanos”. Además, “se detecta –prosigue Camacho- un distanciamiento entre la política y el ciudadano, que quiere que la política atienda sus verdaderas necesidades y preocupaciones”. “Para el ciudadano también es importante erradicar el clientelismo político y promover la igualdad de derechos ante cualquier administración”, concluye.

La coordinadora provincial de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado ha informado que los foros se enmarcan dentro del proceso de información, debate y recogida de aportaciones en torno a la redacción de la futura ley. Esta fase se prolongará hasta febrero.

Posteriormente, se elaborará el primer borrador con las aportaciones de colectivos y ciudadanos y se enviará el documento a los mismos para su valoración. Tras su debate en el Congreso de Participación y Voluntariado en el mes de marzo, se realizará un informe con las aportaciones para la ponen-cia parlamentaria y se redactará el borrador del anteproyecto de ley. La previsión es que el trámite parlamentario se inicie en abril de 2013. Se prevé que esta Ley se apruebe finalmente en el primer trimestre de 2014.

La Junta de Andalucía considera que es necesario adoptar medidas que potencien la práctica de un gobierno abierto, donde la participación y la colaboración son valores esenciales para ganar en democracia; y así, recuperar la credibilidad y la confianza en el sistema político y en las instituciones democráticas.

Andalucía, con la puesta en marcha de iniciativas como el ‘escaño 110’, se convierte en pionera y referente en transparencia y calidad democrática, situándose en la avanzadilla, marcando un camino distinto y demostrándose mucho más permeable a la sensibilidad ciudadana.