El pleno de Aljaraque aprueba dos importantes operaciones de tesorería

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El pleno de Aljaraque ha aprobado esta mañana del viernes, con la unanimidad de todos los grupos, dos operaciones de Tesorería -préstamos a corto plazo- que fueron realizadas en el año 2009 con vencimiento el 31 de diciembre de ese mismo año, y que se tenían que haber pagado en esa fecha, y posteriormente en 2010, y que tampoco se abonaron. Una de esas operaciones se llevó a cabo con la entidad Banesto por importe de 1,5 millones de euros y la otra con el Banco Santander por importe de 1 millón de euros. Ambas operaciones fueron firmadas por el entonces alcalde, José Martín, sin dar cuentas de ellas en el pleno.

Según ha explicado el portavoz del equipo de gobierno municipal, Pedro Yórquez, “estamos negociando con las dos entidades bancarias con el fin de que nos otorguen unos plazos más amplios para poder disminuir el importe de las cuotas para disponer así de más liquidez en las arcas municipales. Estas operaciones, junto a otras deudas como 4’5 millones de euros con la Seguridad Social, 1’5 millones de euros con Hacienda y las deudas con los proveedores, son la herencia envenenada que han dejado Izquierda Unida y PSOE a Aljaraque tras cuatro años de continua campaña electoral a costa del propio pueblo de Aljaraque. Todo esto es la causa de la complicada situación económica que padece el Consistorio”.

Yórquez ha manifestado que “la finalidad de estas operaciones era salvar la situación de una insuficiencia de liquidez coyuntural. Los montantes, que tenían que haberse pagado a 31 de diciembre de 2009, no se pagaron ni en 2009 ni en 2010, sino que se fueron renovando sucesivamente llegándose a fecha de hoy con unos importes que se adeudan a Banesto (1.162.675 euros) y al Banco Santander (750.000 euros). De no renovarse estas operaciones de Tesorería se incurriría en mora, teniéndose que pagar intereses superiores al 20%”.

El portavoz destaca que “respecto al préstamo de Banesto, cuando se renovó en 2010 tampoco este hecho pasó por el pleno del Consistorio pese a ser obligatorio al ser éste el órgano competente; esa renovación vencía el 31 de diciembre de 2010 y posteriormente, como tampoco se pagó (1.080.000 euros) en esa fecha, siendo el órgano que lo aprobó manifiestamente incompetente, se podría plantear la cuestión de la nulidad del acto”.

 

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