EL LABERINTO
Constituyentes
[Javier Berrio]

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Javier  BerrioAunque los ciudadanos están bastante acostumbrados a los casos de irregularidades económicas en los partidos políticos, los últimos acontecimientos dentro de la organización del gobierno aún ha bajado más la moral de la sociedad. Es preciso exigir claridad a un gobierno que ha incumplido casi todo su programa con el que el PP accedió a la Administración del Estado; es hora de que comience a hacer moralmente algo a derechas. Las diferencias que se han establecido entre las castas dominantes y el común de los ciudadanos, exigen un proceso regeneracionista que no puede nacer de ninguno de los partidos del ámbito parlamentario presente, y desde luego, de ninguno de los mayoritarios. Los casos de corrupción masiva en los partidos políticos no son cosa de este momento, sino que desde la corrupción generalizada de los gobiernos de Felipe González hasta el del caso Gürtel, del que el affair Bárcenas parece formar parte y el de algunas comunidades autonómicas, hay un continuum que relaciona estrechamente régimen del 78 con irregularidades culposas.

La reforma política y la transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria no conocieron una fase de ruptura. El régimen franquista ya se había autoproclamado reino y había nombrado sucesor a la jefatura del Estado (a saber, sucesor del mismo Franco), a Juan Carlos de Borbón, hijo del conde de Barcelona, heredero legítimo según la línea sucesoria de la monarquía. Pero si a Franco no le importó saltarse esa línea, menos le preocupó al propio Juan Carlos, quien habiendo sido proclamado rey ilegítimamente por las Cortes del difunto Franco, escuchó de su padre la renuncia a sus derechos sucesorios una vez cometida la tropelía dinástica. Y esa situación pasó también a ser legitimada por los partidos políticos, desde la UCD encabezada por el presidente del gobierno y secretario general del Movimiento, hasta el PSOE y el PCE y, por supuesto, Alianza Popular (AP), partido que en aquel momento podía ser calificado de neofranquista.

Los partidos pactistas, entre los que hay que incluir a las formaciones nacionalistas de Cataluña –no así el PNV, que pidió el no a la Constitución-, sabían que iban a un sistema político que no era plenamente democrático, con una ley electoral que no consagraba listas abiertas ni segundas vueltas y mucho menos la igualdad necesaria del valor del voto en los distintos territorios. A fuer de centralización del poder en las cúpulas de los partidos en detrimento de las cámaras de representación, el sistema nació oligárquico y no representativo, sino delegatario. El votante no confiaba su representación a un candidato, sino que delegaba –y delega-, su capacidad de decidir a una lista de candidatos en la que en realidad manda el líder de la formación. Y fijémonos hasta qué punto esa delegación es real que cada cual puede hacer lo que quiera una vez ganadas las elecciones, como decía al comienzo del artículo. El partido vencedor, el PP en este caso, pero no ha sido el único, incumple nétamente su programa sin que los electores puedan hacer nada: la capacidad decisoria del conjunto social se convierte en nula y la nomenclatura dirigente usurpa la capacidad decisoria de los ciudadanos. El régimen lleva ropajes democráticos pero es una total falacia que el sistema, desde la jefatura del Estado hacia abajo, sea una democracia real y por ello, porque el poder político ocupa también el poder judicial y además no ha creado mecanismos de fiscalización de los políticos, no tiene visos de poder generar la auto regeneración. Sólo una cortes constituyentes que llevaran adelante la refundación del Estado y la creación de un nuevo texto constitucional con garantías reales de limpieza democrática, podría ser asumido por la sociedad actual. Pero, ¿de dónde saldrán las fuerzas que desde plataformas ciudadanas den lugar a partidos realmente democráticos que lleven adelante ese proceso?

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