El plan de prevención de riesgos en el Palacio de Justicia tiene 8 años de demora

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El Plan de Prevención de Riesgos laborales del Palacio de Justicia de Huelva se encuentra bloqueado y en un compás de espera que se viene eternizando ya más ocho años, según informa Rosa Font en http://pagina3huelva.es/.

La ausencia del plan quedó al descubierto durante una revisión que la Inspección de Trabajo realizó en el edificio a raíz del traslado sorpresa del Penal 3 (fue en 2010), inspección que constató además la inexistencia de un diagnóstico de los riesgos, faltas que incumplen parte del articulado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fue entonces cuando Trabajo requirió a la desaparecida Delegación Provincial de Justicia (materia que ha quedado en manos de Gobernación) la elaboración del documento.

Ni el Palacio de Justicia ni las restantes sedes disponen aún del proyecto, han confirmado a esta redacción fuentes sindicales. Antes de que saliera a la luz que la Administración andaluza se estaba saltando la legislación, se produjeron algunos movimientos: las organizaciones sindicales designaron a sus delegados en el comité de prevención pero la Junta no siguió el mismo ritmo y se produjo el bloqueo.

La historia vuelve a repetirse: el comité de prevención de riesgos no está constituido ni convocado. Aproximadamente a comienzos del último trimestre de 2012, desde el departamento de Administración Pública andaluz se remitía información a los sindicatos en materia de riesgos laborales –de carácter genérico- y se abrían las puertas a las alegaciones.

Posteriormente, en esta ocasión a instancia de la Administración se produjo una reunión a dos partes y se designaron los miembros del comité de prevención. En el caso de los sindicatos de Justicia, con cinco representantes, la distribución quedó con una voz para CCOO y Safja, y tres para CSI-F.

La comisión de prevención de riesgos permanece en el limbo y desde entonces no se han producido más movimientos. Las sedes judiciales continúan sin el plan obligado por ley.

Con una única entrada para el personal (más de 250 personas) y para los usuarios, el acceso trasero cerrado y precintado, una puerta para la entrada y salida exclusiva para detenidos, y una cuarta entrada que se abre sólo en casos excepcionales, el laberinto en el que se ubica la sede judicial de la capital no dispone del documento.

Este plan debe incluir una radiografía de los riesgos del edificio y establecer sus respuestas: desde los planes de evacuación, el espacio por trabajador (hay muchas quejas en este aspecto), el volumen de trabajo hasta la temperatura y un plan contraincendios que, debe estar preparado (al igual que el de evacuación) pero no ha pasado, afirman los sindicatos, por el comité como marca la legislación.

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