La Consejería de Fomento y Vivienda ha trasladado este sábado a Huelva el debate social sobre la futura Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, una norma actualmente en proceso de elaboración y que cuenta con las aportaciones de agentes económicos y sociales de las ocho provincias andaluzas. Para ello, la Consejería han organizado cuatro grupos de trabajo donde participan expertos, miembros de la Concertación Social y colectivos sociales implicados en la movilidad para que puedan expresar sus propuestas y convertirlas en aportaciones al texto normativo desde su gestación.
El director general de Movilidad, José Luis Ordóñez, y la delegada terri-torial de Fomento y Vivienda en Huelva, María Villaverde, han mantenido un encuentro con representantes de la mayoría de los colectivos invitados: Ecologistas en Acción, FACUA, CCOO, Ustea, Sindicato Unitario y de la empresa de transportes Damas, entre otros, para pedirles su opinión sobre cómo creen que podría mejorarse la movilidad en la capital y provincia, y para mostrarles las líneas fundamentales de la futura ley.
Villaverde ha agradecido a los asistentes su participación en este en-cuentro porque “sólo contando con la ciudadanía se pueden aprobar leyes que realmente respondan al interés de la sociedad e introduzcan cambios profundos y duraderos en el modelo de movilidad”. “En los encuentros provinciales que se están celebrando queremos escuchar vuestra voz y recoger todas vuestras propuestas e ideas para que la futura Ley de Movilidad Sostenible sea fruto de un debate abierto y responda a las expectativas que todos hemos puesto en ella”, ha recalcado la delegada.
El objetivo que persigue la Consejería de Fomento y Vivienda con la de la Ley de Movilidad Sostenible, ha señalado la consejera, queda fijado en su principio básico, que es el de “garantizar la accesibilidad a los bienes, servi-cios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, y hacerlo sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria”. De hecho, Villaverde ha apuntado que la congestión de tráfico en núcleos urbanos dis-persos se traduce en pérdidas de tiempo que, a su vez, generan costes externos en ascenso. “Se estima que se pierden 170 millones de horas anuales en las aglomeraciones urbanas de Andalucía, con un coste que se puede evaluar en más de 1.430 millones de euros anuales. Para el conjunto de la autonomía se puede estimar un total de 300 millones de horas perdidas al año y un coste monetario de 2.530 millones de euros al año”, ha señalado la delegada, unas cifras a las que, en su opinión, “hay que buscar vías para reducir, ya que suponen, además de una pérdida de tiempo y de dinero, la conformación de ciudades poco sostenibles”.
Los asistentes han tenido la oportunidad de debatir, organizados en di-ferentes mesas de trabajo, sobre los contenidos y objetivos que deberán in-cluirse en el documento en el que actualmente trabaja la Consejería que dirige Elena Cortés. Una vez completada en toda Andalucía la ronda de encuentros provinciales, la Consejería de Fomento y Vivienda recopilará todas las aportaciones y propuestas realizadas en un documento de conclusiones que se someterá al análisis de los tres grupos de trabajo que están inmersos en la fase de redacción y que están integrados por expertos de la Universidad y consultores especializados en la materia, empresarios y sindicatos, y por técnicos de la propia Administración autonómica.
La futura norma regulará las obligaciones de las distintas administraciones sobre el transporte público, planteando los instrumentos que faciliten la movilidad sostenible y fomentando los modos no motorizados, en línea con el Plan Andaluz de la Bicicleta, actualmente en elaboración en el seno de la Consejería. Villaverde ha añadido que la norma regulará también la financiación del transporte, y ha subrayado que el mismo es un servicio público, “como lo son la sanidad y la educación”, y que merece de las administraciones similar esfuerzo para su preservación como tal.
La Ley Andaluza de Movilidad Sostenible parte de la premisa de que el sistema multimodal e integral debe asentarse sobre la triple alianza entre el peatón, la bicicleta y el transporte público colectivo para reducir la necesidad de transporte basándose en una adecuada ordenación del territorio, además de evitar las emisiones de gases con efecto invernadero, disminuir el consumo energético o minimizar los accidentes. “Es una ley profundamente renovadora, que sitúa a Andalucía a la vanguardia de la movilidad sostenible”, ha señalado Villaverde.
Línea Huelva-Zafra
La delegada ha subrayado la idoneidad de tener abierto este debate en Andalucía “mientras que desde Madrid la apuesta es otra y los mensajes que nos trasladan no nos conducen precisamente a tener garantías de continuidad del transporte público”. A este respecto, Villaverde se ha referido a la línea ferroviaria Huelva-Zafra, que califico como “imprescindible” para la comunicación de los pueblos onubenses de la Sierra con la capital. “El ferrocarril es un elemento de vertebración social y territorial, por lo que no puede planificarse desde criterios únicamente economicistas”, ha señalado Villaverde, quien ha recordado la infinidad de “beneficios sociales y económicos indirectos” que genera esta línea.
Villaverde ha avanzado que la Ley de Movilidad Sostenible propone el rediseño y mejora de los sistemas de transporte público, con especial hincapié en el ferrocarril, “de quien defendemos su carácter universal, público y asequible”.
