Las acusaciones piden tres años de cárcel para Millán y Novoa

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Miguel Novoa y Juan Antonio Millán Jaldón.

Las acusaciones particulares del caso Hiconsa han solicitado tres años de cárcel y 17 años de inhabilitación para empleo o cargo público para Juan Antonio Millán, ex alcalde de Cartaya, y para Miguel Novoa, ex concejal de Urbanismo del mismo Ayuntamiento y actual director general de la empresa de aguas Giahsa, por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación.

Además solicitan un año y seis meses de prisión para el arquitecto Francisco Benítez Galán por tráfico de influencias; tres años y seis meses para Juan Márquez Rodríguez, administrador de Hiconsa, por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio, y dos años de cárcel para María Dolores Contreras Santana, esposa de Novoa, por un delito contra la ordenación del territorio. Para todos ellos también piden penas de inhabilitación para empleo y cargo público. Además las acusaciones solicitan la apertura del juicio oral en el Juzgado Penal que corresponda.

Estas peticiones se han producido tras dictar un auto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva en el que confirma el procesamiento de Millán, Novoa, su esposa , el arquitecto Francisco Benítez Galán y administrador de Hiconsa. Posteriormente ha sido el Juzgado de Instrucción nº 2 de Ayamonte el que ha dado traslado a las partes personadas para que formulen escrito de acusación, calificando los delitos y solicitando las penas y/o responsabilidades civiles y fianzas así como solicitar la apertura del juicio oral, tal como finalmente se ha producido.

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA, que están personados como acusación popular. Los delitos por los que se presentó la denuncia son prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, contra el territorio, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario.

En su momento declararon ante el juez titular del Juzgado de Instrucción de lo Penal número dos de Ayamonte dos propietarios de terrenos en la zona desarrollada por Hiconsa en Cartaya que confirmaron que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, no les ofreció la posibilidad de adquirir el suelo municipal en el sector donde se construyeron un centenar de viviendas.

Los testigos también aseguraron que tampoco tuvieron oportunidad de hacerse con el diez por ciento de los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían a las arcas municipales por esa operación urbanística. IU, ICAR, PA y PP denunciaron que tanto el suelo municipal como esos aprovechamientos acabaron en manos de Hiconsa sin que mediase concurso público alguno.

Los dos testigos a propuesta de la acusación popular (IU, ICAR, PA y PP) explicaron que recibieron una oferta por el suelo del que eran propietarios que ascendió a 1,2 millones de euros. Esa oferta equivalía casi a lo que Hiconsa pagó por el suelo municipal. Sin embargo, la extensión del suelo propiedad del Ayuntameinto era el doble que la de los dos testigos. Esto confirmaría la denuncia de que en la operación urbanística se infravaloró el suelo público para beneficiar a la empresa promotora de las viviendas. El propio arquitecto autor de las valoraciones de los suelos público y privado, Francisco Benítez, reconoció en su día ante el juez que las hizo para que fuese “económicamente viable” la venta de las viviendas que Hicosna iba a construir.

Además, los testigos dijeron que la oferta de 1,2 millones de euros por su suelo se hizo en el estudio de Benítez, imputado en el caso Hiconsa. Benítez fue denunciado por IU, ICAR, PA y PP en ese caso de posible corrupción urbanística porque, según las pruebas presentadas por esos partidos y la propia declaración del arquitecto, trabajaba al mismo tiempo para el Ayuntamiento, Hiconsa y el entonces primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Novoa.

También resulta llamativo que el mismo arquitecto que valoró el suelo municipal por la mitad de dinero que el privado fuese el que hizo el planeamiento urbanístico de la zona donde finalmente Hiconsa construyó las viviendas, firmó el proyecto de construcción de éstas y es autor, a su vez, del proyecto de la vivienda familiar de Novoa. La valoración de los terrenos hecha por Francisco Benítez habría supuesto al Ayuntamiento la pérdida de 3,5 millones de euros, según una valoración alternativa hecha por otro arquitecto a petición de IU, ICAR, PA y PP, visada por el Colegio de Arquitectos y ratificada ante el juez por ese profesional.

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3 comentarios

  1. realmente creen que alguno pisará la cárcel? ni pisaran las cárcel ni devolverán el dinero….sólo a los desgraciados que no tienen donde caerse muerto son los que tocan el “talego”, en la cárcel están los presos, pero los chorizos están fuera, ni el sistema ni la justicia funciona aqui en España. Y no pasa nada señores¡¡¡¡¡

  2. sinceramente on

    Que razón tiene mosca cojonera, Así va giahsa gobernada por ineptos como el Sr. Novoa, en la más absoluta quiebra. Al talego por chorizo.

  3. la mosca cojonera on

    DDDvvvDDDDvvvv bueno pues éste es el que está negociando y negociará con la empresa que se adjudique la privatización del agua de la MAS-GIAHSA.

    Y ahí sigue en el partido al igual que el otro, el exvicepresidente de la MAS ¿todos los imputados para la MAS-GIAHSA? Y no pasa nada de nada

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