250 trabajadores de 11 ayuntamientos de la provincia podrán cobrar las nóminas atrasadas

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Pleno en la Diputación Provincial.

El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, organismo dependiente de la Diputación Provincial, ha dado luz verde este miércoles al acuerdo alcanzado en la comisión que se creó para buscar una solución al impago de nóminas a los trabajadores en varios ayuntamientos de la provincia.

Las tres formaciones que componen la Diputación (PSOE, PP e IU) se han felicitado del acuerdo alcanzado, que posibilitará la entrega de unos 7 millones de euros a once municipios con problemas para ponerse al día con las nóminas de sus empleados municipales y con la seguridad social. El dinero deberá ser devuelto por los ayuntamientos en 2015 y el interés que se generará será del 3%.

Las tres fuerzas políticas han valorado de una manera muy positiva el acuerdo, que tiene también el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT, aunque ha habido algunas discrepancias en cuanto quién ha sido el artífice de esta medida. Mientras que PSOE e IU indican que lo importante es que se va a solucionar el problema de muchos trabajadores municipales, desde el PP se ha criticado la tardanza de la medida, que había sido propuesta por el grupo popular en distintas ocasiones sin éxito hasta ahora.

Desde el sindicato UGT, a través de un comunicado, se ha valorado de forma “muy positiva el acuerdo unánime alcanzado en la Diputación, sin duda estimulado por los Sindicatos, y que va a suponer resolver los problemas ocasionados, en algunos casos auténticos dramas familiares, a más de 2.500 empleados públicos municipales a los que sus ayuntamientos adeudan los salarios de los últimos meses”.

Cuando los problemas son abordados desde la sensibilidad pública, -asegura el sindicato- “se acometen soluciones que los resuelven en el corto plazo y se pone de manifiesto la necesaria cooperación institucional en los actuales momentos de sobrecogimiento generalizado que estamos viviendo como consecuencia de las erróneas políticas neoliberales que está imponiendo el Gobierno de España”, ha manifestado el secretario general, Jorge Puente.

En esta misma línea argumental censura el ugetista, y por ello da más valor al acuerdo adoptado en Diputación, el Plan de Pago a Proveedores que el Gobierno del PP impuso a las Administraciones Públicas, que deben pagar a un interés mercantil y ha sido condicionado a un Plan de Ajuste que ha supuesto la pérdida de más de 300 empleos públicos en la provincia.

 

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