CSIF-Huelva pide que se rebajen cuanto antes las tasas judiciales

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Protesta de los trabajadores de Justicia.

La campaña puesta en marcha por diferentes organizaciones sindicales y colectivos del ámbito de la Justicia comienza a dar sus frutos en un tema tan controvertido como la aplicación de las tasas judiciales. El Gobierno central ha reculado y ha adelantado que habrá reducciones en la cuantía de varias de estas tasas y, además, va a suprimir otras como las de los juicios de desahucio.

Desde su aprobación, el sindicato CSI-F -mayoritario en la Justicia onubense- ha llevado a cabo una intensa labor de concienciación y reivindicación para conseguir la modificación de una ley que consideraba “abusiva”. Muestra de ello fue la recogida de firmas que, junto con otras fuerzas sindicales y sociales, se llevó a cabo desde finales del pasado año y que fueron presentadas ante el Ministerio de Justicia.

Con este anuncio, la Central Sindical insta a la Administración a publicar el contenido de las reformas durante las próximas semanas para que las tasas judiciales “se rebajen cuanto antes”; “la sociedad y el propio sector de Justicia lo necesitan”, subraya el sindicato. Actualmente, son muchas las implicaciones negativas de la ley de tasas judiciales ya que muchos ciudadanos no pueden permitirse abonar las cuantías necesarias para emprender y continuar con las acciones judiciales, dando lugar a lo que CSI-F denominó como “justicia de primera y de segunda en función de la situación económica de cada individuo”.

El problema de fondo, recuerda la Central Sindical, es la necesaria modernización de la Administración de Justicia; un proceso de cambio en el que deben estar implicados directamente los propios funcionarios que conocen de primera mano la problemática y las necesidades de este sector.

Finalmente, CSI-F espera que el paso dado por el Gobierno central tenga su continuidad y reconsidere los proyectos de privatización como en el caso de los Registros Civiles. El sindicato sigue argumentando que existen alternativas para que este servicio siga estando en manos de los empleados públicos cuyo único interés es el servicio al ciudadano; “esto mismo no se puede asegurar si cae en manos privadas”, concluye.

 

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