24 alcaldes de pueblos con menos de 1.000 habitantes de Huelva no tendrán sueldo

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Pleno de la Diputación Provincial de Huelva.

La Reforma de la Administración Local presentada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros del pasado viernes va a tener profundos efectos tanto en las retribuciones de los cargos públicos como en el número de asesores contratables o en las competencias municipales. La consecuencia más llamativa en la provincia de Huelva es que 24 alcaldes de localidades con menos de mil habitantes no podrán tener sueldo, lo que representa más de un tercio del total de ayuntamientos (69). Además, la Diputación cobra una especial relevancia debido al destacado número de pequeños municipios que existen en la provincia de Huelva.

La variable para la percepción salarial de los políticos municipales es la población, no teniéndose en cuenta el presupuesto o la situación financiera de cada localidad. Esto provocará, por ejemplo, que un pueblo económicamente tan saneada como Palos de la Frontera no pueda poner a su alcalde un sueldo similar al que sí podrán tener otras con más población, pero con peor situación económica, como Isla Cristina, Almonte o Lepe. Estas superan los 20.000 habitantes, con lo que sus alcaldes podrán recibir hasta 65.000 euros de las arcas municipales.

Además de los sueldos a los alcaldes, la nueva norma contempla el máximo de concejales liberados también en función de la población. Esto supondrá que localidades entre los 10.000 y los 15.000 haitantes, como Bollullos del Condado, Gibraleón, Valverde, Punta Umbría o La Palma del Condado no puedan tener más de cinco ediles liberados (en La Palma, por caso, actualmente sólo hay tres) y con dedicación plena al Ayuntamiento. El resto subirán o bajarán en el número de ediles liberados en función de su respectiva población.

El sueldo del alcalde de Huelva y el de la Diputación Provincial tienen el mismo tope, con lo que ambos cargos recibirán unos emolumentos brutos totales que no podrán superar los 75.000 euros. En el caso de Huelva capital y la Diputación podrán seguir manteniendo liberados a los actuales miembros de sus respectivos equipos de gobierno. En el capítulo de asesores, las poblaciones entre 75.000 y 500.000 habitantes no podrán tener más asesores que concejales o diputados. El baremo va bajando conforme a la población, de manera que entre los 5.000 y los 10.000 habitantes tan sólo se podrán tener uno o dos asesores.

Finalmente, la idea de reducir el coste de la administración local vía disminución de concejales se ha cambiado por ahorro en base a permitir menos alcaldes y concejales liberados que cobren de las arcas municipales. Se mantendrá el número de ediles por cada localidad, pero sus responsables cobrarán, en general, menos que ahora, y será muchos menos los concejales con derecho a nómina.

En Huelva, además de que 24 pueblos no podrán poner sueldo a sus alcaldes llama la atención el que en otras diez poblaciones el salario del alcalde no podrá ser superior a 20.000 euros. Es el caso de Almonaster la Real, Higuera de la Sierra, Santa Bárbara de Casa, Rosal de la Frontera, Paymogo, Galaroza, Encinasola, Cumbres Mayores, Cala y Arroyomolinos de León.

COMPETENCIAS

Con ser importante el capítulo de sueldos, no lo es menos el de las competencias que se atribuyen a los ayuntamientos. La nueva ley otorga un poder imponente a las diputaciones provinciales, especialmente en provincias con localidades pequeñas, como es el caso de Huelva.

Las competencias de educación y sanidad serán propias de la Comunidad Autónoma y también gran parte de los servicios sociales. Entre uno y cinco años da la ley para ir adecuándose a la nueva situación.

Además, y muy importante para el caso de Huelva, la Diputación Provincial pasará a controlar aquellos servicios y ayuntamientos que superen el endeudamiento legalmente establecido. Este caso se contempla para aquellas poblaciones que tengan menos de 20.000 habitantes, que en Huelva representan el 98% del total. Huelva capital, Almonte, Lepe e Isla Cristina, de tener los mismos problemas económicos podrían pasar a depender de la comunidad autónoma.

Esto quiere decir que la Diputación Provincial de Huelva podría pasar a prestar los ‘servicios no eficaces’ de todas las poblaciones de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Además, también pasará a controlar las mancomunidades y las entidades locales menores “no eficaces”

Otro aspecto a tener muy en cuenta es que todas aquellas localidades con planes de ajuste en marcha tendrá que obligatoriamente sanear o liquidar (cerrar) las empresas públicas a su cargo. En el caso de Huelva capital estaríamos hablando de Emtusa o la televisión municipal. Y en el caso de distintas localidades de la provincia, de radios municipales o empresas municipales de la vivienda.

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2 comentarios

  1. la mosca cojonera on

    DDDvvvDDDvvvv con estas reformas cobra más fuerza la propuesta que hizo el independentista Paco Díaz sobre la MAS-GIAHSA. Que sea diputación quien tome las riendas de la empresa con la distribución del agua en alta y que coja el servicio en aquellos pueblos donde no puedan llevarlo. En el resto que gestionen su abastecimiento en baja como mejor le parezcan a los que gobiernan y así se evita la privatización de GIAHSA.

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