CC OO critica la reforma de los ayuntamientos

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El Sindicato Provincial de Huelva de FSC-CCOO ha acusado al Gobierno de pretender aplicar “unilateralmente” nuevos recortes de servicios a la ciudadanía, así como de perjudicar aún más al empleo público. Para este sindicato, el anteproyecto de la nueva ley de bases de régimen local afectará a la prestación de servicios sociales especializados (casas de las cultura, centros de promoción de la salud, casas de la mujer, servicios de tele asistencia y ayuda a domicilio,…), servicios de formación para el empleo y el fomento empresarial y servicios de la vigilancia, limpieza, conservación y mantenimiento de colegios públicos.

Así, según ha expresado el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Huelva, José Luis Rodriguez, “además de los referidos, los ayuntamientos no podrán garantizar su prestación a toda la ciudadanía, de otros servicios como los educativos (escuelas infantiles, aulas de extensión, centros de enseñanzas artísticas); de juventud, (casas de juventud, bolsa de alquiler de vivienda, subvenciones a entidades juveniles); vivienda (arrendamientos sociales, realojo,…); tercera edad y participación ciudadana (voluntariado, subvenciones a entidades y asociaciones)”.

Para el Sindicato Provincial de Huelva de FSC-CCOO, esta propuesta legislativa que tiene un gran calado social se presenta, “otra vez más, sin estar avalada por el consenso social”. En este sentido, Rodríguez ha explicado que “en la motivación de esta ley no hay referencias a la satisfacción por parte de las administraciones de las necesidades de la ciudadanía, lo que pone en duda el objetivo proclamado de una mayor eficiencia de las corporaciones locales”. Igualmente, para el sindicalista “tampoco merecen credibilidad los cálculos sobre hipotéticos ahorros entre 1.000 y 3.500 millones, lo que indudablemente sí se produciría si se aplicase, sería una drástica reducción de la administración más cercana a la ciudadanía, una pérdida de eficiencia social, la externalización y/o privatización de los servicios públicos municipales e incluso el desmantelamiento real de muchos ayuntamientos”.

Por otra parte, desde el sindicato se ha afirmado que “esta ley afectaría inevitablemente al empleo público y podría suponer una pérdida aproximada de 200.000 puestos de trabajo tan solo en la Administración Local, que habría que sumar a las pérdidas de empleo que desde hace dos años, de forma ininterrumpida, viene teniendo la función pública”.

Según CCOO, “estamos delante de una nueva reforma que detrás de una supuesta voluntad de sanear las Administraciones Públicas y, en este caso concreto, los entes locales, no evitará las duplicidades, ni solapamientos entre administraciones, ni establecerá los mecanismos de financiación adecuados, pero si que recortará aún más los servicios que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos”.

 

 

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