Los jueces y fiscales de Huelva paralizan su actividad en protesta por las reformas judiciales y para exigir más medios

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Los jueces y fiscales de Huelva, apoyados por los abogados, han mostrado su malestar con el paro realizado y la lectura de un manifiesto reivindicativo. (Espínola)

Casi el 50% de los jueces y fiscales de Huelva han secundado el paro convocado este miércoles, 20 de febrero, por cinco asociaciones de jueces y fiscales a nivel nacional. Nueve de las 20 unidades judiciales han estado paralizadas en una protesta que tiene carácter insólito por su excepcionalidad. Los abogados de Huelva, representados por su decano, han mostrado también su apoyo a la protesta.

Los jueces y fiscales solicitan un “incremento de la inversión pública en Justicia” para que dispongan de los medios materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos fundamentales.

Además, exigen la paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.

Asimismo, defienden la “derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal”.

También apuestan por la derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

Por último, quieren una “reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas”.

En el manifiesto que se ha leído en toda España, se finaliza pidiendo “al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos”.

La huelga ha estado apoyada por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresitas de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

 

 

 

 

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