El Comité Provincial del PCA en Huelva se ha reunido este domingo 3 de marzo de 2013, en el municipio de Bollullos, para debatir y decidir las nuevas líneas de acción política de la organización comunista para la provincia en lo que resta de curso político. El Informe de Gestión así como las nuevas líneas de acción han sido aprobados por unanimidad, una vez debatidos y modificados con las aportaciones del plenario.
La dirección comunista ha analizado la situación política, económica y social de la provincia en la actualidad, para determinar las prioridades de acción del Partido, así como los avances en el rearme organizativo e ideológico del mismo. Entre las prioridades de trabajo marcadas por el Comité Provincial se encuentran el refuerzo a las iniciativas de lucha por los derechos sociales, el apoyo al avance de las posiciones de IU LV-CA como voz de la calle en las Instituciones, así como la adaptación del ASDA (la Alternativa Social, Democrática y Anticapitalista del PCE) a la dramática situación de la provincia.
Durante la sesión se ha remarcado que la puesta en marcha de las propuestas del PCE para la generación de puestos de trabajo, ante la alarmante situación de desempleo en la provincia, debe ser una obligada prioridad para una organización comunista.
Entre las prioridades también se encuentran una serie de iniciativas contra la represión y la criminalización de la protesta social.
Esta campaña de represión y criminalización iniciada por el Gobierno del PP, contra el activismo social, político y sindical en todo el estado, se ha manifestado con especial crudeza en nuestra provincia, donde hay más de 20 causas pendientes, con sanciones que oscilan entre los 200 y los 60.000 euros. Además, hay un total de 13 procesos judiciales en los que se piden entre 3 y 10 años de prisión para militantes del PCE y de las Juventudes Comunistas, pero que tienen su origen en las “listas negras” del Gobierno.
El Comité Provincial del PCE denuncia estos casos de terrorismo de estado frente a aquellos que actúa por el interés de un puñado de empresarios y banqueros, con los que mantiene estrechas relaciones, como se ha demostrado a raíz del “caso Bárcenas”. Así mismo, pide la solidaridad de una sociedad cada vez más ahogada por la política opresiva del Partido Popular para todas las personas que, por luchar por una sociedad más justa y democrática, están siendo reprimidas y criminalizadas.
