La Junta muestra su apoyo a “la dación en pago”

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La secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, ha alertado de que Andalucía necesita “con absoluta urgencia” la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “de mínimos” para regular la dación en pago y contra los desahucios, de los que se producen 45 al día en la comunidad autónoma andaluza.

Precisamente este miércoles ha tenido lugar una concentración de protesta ante una oficina de Bankia en Huelva para exigir la dación en pago para una familia

“El Gobierno de España, por voz de su presidente, Mariano Rajoy, ha vuelto a manifestarse hoy en contra de la dación en pago, anteponiendo de nuevo los intereses de los bancos, ya regados con cantidades multimillonarias de dinero sin contrapartida alguna, y de los mercados a los intereses de las familias, sometidas a continuos recortes y a una reforma laboral que está disparando las cifras de paro”, ha lamentado Meyer, que ha recordado que en Andalucía han perdido ya su vivienda unas 80.000 personas desde el inicio de la crisis. “La dación en pago no puede esperar, no valen paños calientes ni excusas”, ha señalado Meyer.

Meyer ha lamentado el “cinismo” de Rajoy al señalar que la dación en pago o la suspensión de los desahucios “podría dañar sin remedio el acceso futuro de todas las familias a los préstamos”. “¿Es que el señor Rajoy no sabe que el acceso al crédito de las familias y de las pequeñas y medianas empresas ya está dañado y es el propio Gobierno quien no pone remedio?”, se ha preguntado Meyer, que ha atribuido la posición de Rajoy a su “sumisión a la troika y a unos mercados financieros insaciables”.

La secretaria general de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda ha recordado que todas las medidas del Gobierno de España hasta la fecha “han dejado a las familias al albur de la supuesta buena fe de las entidades financieras, a las que no se somete a ninguna exigencia”. “Tanto la decimonónica ley hipotecaria como la ley de enjuiciamiento civil consagran un sistema injusto a todas luces y que permite la vulneración permanente del derecho humano a la vivienda, tal y como ha puesto de relieve la propia relatora de la ONU”, ha añadido Meyer.

La secretaria general de Vivienda ha expresado su “confianza” en que la sentencia que previsiblemente se conocerá mañana del Tribuna Superior de Justicia de la Unión Europa “retrate” definitivamente la legislación española sobre desahucios. “El dictamen de la abogada general del Tribunal, Julian Kokott, ya señala que la ley española viola la directiva que protege al consumidor de productos hipotecarios. Esperamos una sentencia en consonancia con ese dictamen, de forma que queden en evidencia los sucesivos gobiernos que han permitido esta legislación”, ha señalado.

Meyer ha defendido el “modelo alternativo” que suponen las políticas de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda. “Aquí, ante situaciones urgentes, estamos adoptando medidas urgentes”, ha dicho, refiriéndose a la paralización de todos los desahucios en las más de 80.000 viviendas del parque público de la Junta en caso de empobrecimiento sobrevenido o a las oficinas contra los desahucios del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento han logrado evitar un millar de desalojos. Meyer también ha destacado que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales trabaja en una ley de protección de consumidores de productos hipotecarios, que permitirá “establecer garantías” para los ciudadanos que firmen hipotecas y evitar así “nuevos abusos” de las entidades financieras.

“Frente a los desahucios, sí se pueden cambiar las cosas, aunque el Gobierno de España predique la resignación y el fatalismo”, ha afirmado Meyer, que ha recordado que tanto ella misma como la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, firmaron la ILP contra los desahucios por ser “una medida útil, aunque no suficiente, para mitigar esta sangría social”. “La movilización ciudadana ya obligó al Gobierno central a admitir a trámite esta ILP en contra de su voluntad. Sólo los colectivos sociales y la ciudadanía movilizada serán capaces de forzar su aprobación”, ha concluido.

 

 

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