Un juez procesa al responsable del SUP en Huelva

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Un inspector de la Policía Nacional frente a una de las organizaciones de más peso en el cuerpo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en un duro pulso judicial que arrastra desde 2010. Después de tres años de investigaciones y práctica de diligencias, el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva ha decidido procesar al secretario general del referido sindicato, F.G.M., como presunto autor de un delito contra la integridad moral dirigido hacia el jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/Udev), justamente después de que este mando ordenara la detención de varios agentes del mismo cuerpo por violencia de género contra sus respectivas mujeres, según informa Rosa Font en http://pagina3huelva.es/.

“Desde febrero de 2010, F.G.M., ha venido llevando a cabo una conducta incesante de acoso y derribo de la persona y la labor profesional del inspector del SAF”. Con esta afirmación comienza el auto de transformación en abreviado que acaba de dictar el Instrucción 5, al que ha tenido acceso esta redacción, un escrito de cuatro folios en el que vincula directamente el presunto acoso con las decisiones profesionales tomadas por el jefe del SAF en relación con otros miembros de la Policía Nacional. “Las primeras presiones se circunscriben –concreta el auto- a detenciones practicadas contra policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer en 2008”.

Entre junio de ese año y febrero de 2009, se llegaron a practicar hasta tres arrestos de agentes de la Policía Nacional denunciados por violencia machista por sus respectivas esposas. En el primer año al frente del departamento por el denunciante, los policías detenidos llegaron a ser cinco.

Dos de las primeras detenciones acabaron en la vía judicial en sentencia condenatoria, una de ellas de nueve meses de prisión y una segunda por maltrato habitual durante más de una década. En este caso, la pena fue de año y diez meses de prisión, con la prohibición de portar armas por espacio de tres años. El agente condenado, que según la sentencia llegó a apuntar a la víctima en la sien con el arma oficial, formaba entonces parte del organigrama del sindicato que representa F.G.M..

A las primeras presiones, sucedió –según el instructor- una campaña de desprestigio del inspector para tratar de conseguir su destitución, petición que realizó en reiteradas ocasiones a reuniones con dirigentes sindicales y con la cúpula policial. “Extralimitándose en sus funciones sindicales –afirma el juez- tenía un empeño particular en que se tomaran medidas contra el denunciante”.

El dirigente sindical trasladó su demanda (el cese del inspector) al comisario y después la elevó a Sevilla, de forma que la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) llegó a iniciar una información reservada pro supuestos casos de acoso en el grupo de dirige el denunciante. Sin embargo, el informe que llevó a cabo Asuntos Internos, con intensos interrogatorios tanto al jefe del SAF como a distintos mandos y agentes de la Comisaría en Huelva, tuvo un efecto contrario: concluyó con la inexistencia de anomalías por tratos degradantes o presuntos acosos.

“Lejos de conformarse (F.G.M) con las conclusiones” del informe que llevó a cabo Asuntos Internos, el instructor incide en el hecho de que el responsable provincial del SUP, a través de una publicación del sindicato, e incluso de algún medio de comunicación local, ha venido publicando referencias “despectivas y de menosprecio” a la persona del denunciante. A juicio del instructor, esta actuación sobrepasa la legitimación que le da su cargo como dirigente de un sindicato. Es más, considera que “se ampara en el mismo para justificar lo que ha sido una situación constante de acoso por parte del denunciado”, llegando a utilizar las instancias superiores, su organización y hasta la prensa –asevera- en su intento de “hostigar y menospreciar” al inspector, que ha sufrido episodios de ansiedad y bajas laborales como consecuencia de esta situación., que afirma han quedado acreditadas durante la investigación.

F.G.M. estaba inicialmente imputado, junto con el máximo responsable del SUP a nivel nacional, J.M.S.F, por coacciones, vejaciones y acoso laboral. El Instrucción 5 ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones respecto al secretario general del sindicato y concreta en la figura de F.G.M. el presunto delito contra la integridad moral.

A partir de ahora, las partes deben pronunciarse sobre la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

 

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