Auto de procesamiento contra el ex alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta, el ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, y otros dos imputados, A.G.V. y A.S. El Juzgado de Instrucción 3 de Huelva ha emitido auto de transformación en procedimiento abreviado de la causa contra Orta y Casto Pino, causa en la que figuran como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, según publica Rosa Font en http://pagina3huelva.es/ .

El procesamiento se conoce cinco años después de que saliera a la luz la presunta trama fiscal que encabezaban presuntamente los que fueron máximos responsables del Ayuntamiento de Aljaraque, detenidos a comienzos de abril de 2008 por orden judicial. El auto de la titular del Instrucción 3, Margarita Borrego, ha sido recurrido por las defensas y se encuentra en estos momentos en la Audiencia Provincial a la espera de su pronunciamiento.

Según la información facilitada por las fuentes consultadas, se reducen los delitos que pesaban inicialmente sobre los ex ediles, ya que durante la larga instrucción se ha hablado además de falsedad documental y prevaricación (que afectaría a la gestión directa en el Consistorio).

Las detenciones de Orta y Casto Pino se produjeron después de 14 meses de investigaciones. En enero de 2007, el empresario y ex militante del PP, Rafael Barroso, presentaba ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid una amplia denuncia contra el ex alcalde y el ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Aljaraque por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos. Anticorrupción remitió pocos meses después el expediente a Huelva y el Juzgado de Instrucción número 3 se hacía cargo del caso, mientras a las puertas de las elecciones municipales de mayo Orta anunciaba que ponía fin a su ciclo político.

Desde enero de 2007 hasta abril de 2008, los responsables de la investigación siguieron la investigación en máximo secretismo, hasta el momento de las detenciones.

Antes de que saltara el escándalo, tanto el Juzgado como la Fiscalía solicitaron al Ayuntamiento de Aljaraque alguna documentación y copias de expedientes municipales supuestamente relacionados con incumplimientos en la ley de contratos y fraccionamientos de determinados pagos. Además, el Servicio de Vigilancia Aduanera estuvo rastreando las cuentas de los implicados en la presunta trama.

En la denuncia que en su día presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el empresario acusaba a Orta y Pino de cobrar comisiones ilegales por la firma de convenios con hasta siete empresas inmobiliarias y hasta tipificaba los supuestos delitos cometidos por los ahora detenidos (contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal).

Barroso aseguraba haber sido objeto de “chantaje” al recibir presiones para que pagase 300.000 euros en efectivo para obtener una licencia municipal de obras, y señalaba que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse “estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establezcan por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino”.

El denunciante llegaba incluso a establecer un cálculo del patrimonio del ex alcalde y de su principal colaborador, que cifró en unos 60 millones de euros.

En la documentación que el empresario presentó a las instancias judiciales afirmaba además que el cobro de las comisiones ilegales era invertido “en bienes de distinta naturaleza, inmuebles, fincas urbanas, fincas rústicas, solares, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades (…) y, evidentemente para la compra de artículos y bienes de lujo, como vehículos, viajes, ocio, joyas…”.